Eduardo Poblete, fiscal de prevención de delito, denunció que el Gobierno Regional de Cusco habría cometido el presunto delito de peculado de uso por otorgar el estadio Inca Garcilaso de la Vega a manifestantes.

Las pruebas del representante del Ministerio Público incluyen videos de personas ingresando a la tribuna oriente del recinto deportivo en el que incluso algunas personas estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas, además de organizar las movilizaciones.

La responsabilidad política recaería sobre la vicegobernadora Nohely Loaiza debido a que el gobernador Werner Salcedo no se encontraba en la región, puesto que había sido llamado para participar en Lima en la reunión del Acuerdo Nacional y de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales.

Los enfrentamientos en Cusco produjeron una víctima mortal, por lo que la intervención de la Fiscalía surge como una posibilidad para encontrar responsabilidades individuales, en principio en la organización de las acciones que resultaron violentas.