El abogado penalista César Nakazaki explicó que una sentencia condenatoria dictada en juicio oral y posteriormente anulada por la Corte Suprema mediante recurso de nulidad carece de existencia jurídica.

Según precisó, la resolución anulatoria de segunda instancia extingue los efectos de la sentencia de primera instancia, por lo que no puede considerarse válida ni vigente dentro del ordenamiento legal.

Esta interpretación cobra relevancia en el actual contexto electoral, donde se ha cuestionado a candidatos por procesos judiciales pasados. El planteamiento expuesto por Nakazaki se ajusta al caso del candidato presidencial Carlos Álvarez, quien ha señalado que la condena que recibió en primera instancia por el delito de peculado fue anulada por la Corte Suprema, dando lugar a una absolución definitiva y a la inexistencia legal de dicha sentencia.

Bajo este criterio, especialistas sostienen que solo las sentencias condenatorias firmes y vigentes generan efectos jurídicos y obligaciones de declaración, mientras que aquellas anuladas no pueden ser consideradas antecedentes válidos. La precisión busca delimitar el debate público y jurídico sobre la validez de decisiones judiciales revocadas y su uso en la evaluación de candidaturas.