La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que no entregará la lista de electores correspondiente a las elecciones generales de 2021, pese a una sentencia del Poder Judicial que ordena su acceso, argumentando limitaciones técnicas, legales y presupuestales. La decisión ha generado cuestionamientos, al considerar que implicaría un desacato a un fallo emitido en el marco de un proceso de hábeas data.

Según la respuesta remitida por la ONPE, bajo la gestión de Piero Corvetto, la entidad sostiene que la información referida a si un ciudadano votó o no constituye un “dato sensible”, cuya divulgación podría vulnerar el secreto del sufragio y la intimidad personal. Este argumento fue expuesto en un documento suscrito por el procurador del organismo, Jorge Morales, en el que se señala que revelar dicha información podría afectar derechos fundamentales.

La ONPE indicó además que para cumplir con la orden judicial sería necesario editar más de 2 millones y medio de páginas, a fin de suprimir datos considerados sensibles. Este proceso, según la institución, implicaría un esfuerzo logístico considerable y la intervención de decenas de funcionarios, lo que complicaría su ejecución en el corto plazo.

El organismo electoral también advirtió que la entrega de la información demandaría un presupuesto adicional de más de 17 millones de soles, calculado en función de un costo estimado de siete soles por cada hoja procesada. De acuerdo con la ONPE, este monto debería ser asumido por Fuerza Popular, organización política que figura como demandante en el proceso judicial.

Frente a estos argumentos, se ha recordado que si bien la Constitución establece que el voto es secreto en cuanto a la decisión del elector, no extiende esa reserva al hecho de haber sufragado o no. Incluso, en trámites administrativos cotidianos, como los vinculados al Documento Nacional de Identidad, se consigna públicamente si una persona cumplió con su obligación electoral.

Finalmente, la ONPE sostuvo que, de llevarse adelante el proceso de digitalización y edición de la documentación solicitada, este podría tardar más de tres años. Este plazo, sumado a las objeciones legales planteadas por la entidad, mantiene abierta la controversia sobre el cumplimiento de la sentencia judicial y el acceso a información que algunos sectores consideran clave para esclarecer cuestionamientos sobre el proceso electoral de 2021.