A casi cuatro años del derrame de crudo en la refinería La Pampilla, que marcó uno de los mayores desastres medioambientales de la costa peruana, los gremios de pescadores artesanales de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay anunciaron una nueva medida legal contra el Estado y la empresa Repsol.

La decisión surge luego de sostener que no existen avances concretos para la reparación económica y social de las comunidades perjudicadas desde enero de 2022.

Los dirigentes comunicaron que este miércoles 10 de diciembre marcharán hacia la Presidencia del Consejo de Ministros y luego hacia la sede del Poder Judicial, donde presentarán una demanda constitucional por presunta vulneración de derechos humanos. Argumentan que, pese al tiempo transcurrido, los impactos económicos y ambientales persisten, afectando directamente la actividad pesquera y hundiendo en la incertidumbre laboral a miles de familias que dependen del mar.

Las organizaciones sostienen que el derrame no solo destruyó la fauna y flora marina, sino que interrumpió la cadena productiva en el litoral, dejando sin ingresos estables a quienes vivían de la pesca y el comercio vinculado. La Federación de Pescadores Artesanales y Tradicionales acusa al Estado de no ejecutar políticas de reparación integrales y a Repsol de no cumplir con una compensación real frente a las pérdidas generadas.

Entre los cuestionamientos resurge el proceso de acuerdos impulsados por la petrolera. Según los gremios, muchos pescadores firmaron compensaciones bajo presión económica y sin información adecuada, lo que consideran un acto desigual y carente de justicia. Afirman que la reparación debe ser completa, transparente y ajustada a los daños ocasionados, no limitada a pagos temporales o individuales.

Informes elaborados en 2025 por CooperAcción y Oxfam reportaron que Repsol mantiene deudas superiores a S/ 2.600 millones con los afectados del derrame. Cerca de 5.000 pescadores empadronados tendrían aún compensaciones pendientes por más de un año y medio, mientras que unos 12.000 no fueron reconocidos dentro del proceso de indemnización. Con la demanda constitucional, los gremios buscan marcar un nuevo punto de presión institucional para que el caso no quede en impunidad.