El diputado de Fuerza Popular, Pier Figari, presentó una demanda civil contra fiscales y jueces que participaron en el denominado caso Cócteles y solicitó una indemnización de S/ 2 millones por los presuntos perjuicios económicos y personales que, según sostiene, sufrió durante los años que permaneció bajo investigación y proceso judicial.

La demanda está dirigida contra el fiscal José Domingo Pérez, quien estuvo a cargo de la investigación; el fiscal superior Rafael Vela; y los jueces Richard Concepción Carhuancho y Víctor Zúñiga. Figari cumplió 19 meses de prisión preventiva durante el proceso, que estuvo relacionado con la investigación por presuntos aportes irregulares a las campañas de Fuerza Popular.

El pedido de reparación económica comprende, de acuerdo con el documento presentado, los conceptos de daño emergente, lucro cesante y daño moral. Figari sostiene que las actuaciones desarrolladas durante el proceso le generaron perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que deben ser reparados.

Su abogado, Aurelio Pastor, explicó que su patrocinado habría dejado de percibir ingresos, asumido gastos relacionados con su defensa y sufrido una afectación en su capacidad de generar ingresos a futuro. También afirmó que Figari fue estigmatizado públicamente por su presunta vinculación con una organización criminal.

Pastor señaló además que las consecuencias de la investigación alcanzaron la situación financiera de Figari. Según explicó, los bancos le habrían cerrado sus cuentas o rechazado sus solicitudes debido a su condición de investigado por lavado de activos, lo que, en sus palabras, lo convirtió en un "paria financiero". El abogado consideró que los S/ 2 millones solicitados constituyen una suma prudente frente al daño que, según sostiene, se le ocasionó.

Como parte de la demanda civil, está prevista una audiencia virtual de conciliación en la que Figari buscaría que los cuatro demandados acepten el pago de la indemnización solicitada, evitando así el inicio de un juicio civil. El caso Cócteles terminó siendo anulado luego de que el Tribunal Constitucional dispusiera dejar sin efecto el proceso, decisión que posteriormente derivó en el archivo del proceso contra Keiko Fujimori y otros investigados.