El Poder Judicial renovó las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional contra la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez, quien debe cumplir una condena de 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por su participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

La medida fue dispuesta por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema el 4 de diciembre de 2025. En dicha resolución, Chávez fue condenada como coautora del delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado y se ordenó su ubicación y captura para que cumpla la pena impuesta.

Mediante una resolución del 14 de agosto, el magistrado dispuso la renovación periódica de las órdenes de captura y ordenó comunicar la decisión a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima de la Policía Nacional y a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima. El documento también señala que el pasado 19 de mayo ya se había solicitado a la Policía Judicial la inmediata ubicación y captura de la exministra.

El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, cuestionó la decisión judicial a través de sus redes sociales y sostuvo que la captura de su patrocinada no será posible debido a que se encuentra bajo asilo diplomático en México. La situación de la exfuncionaria permanece así vinculada a las disposiciones judiciales emitidas para ejecutar la sentencia en su contra.

Además de la pena de prisión, la sentencia impuso a Chávez dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 12 millones de soles por concepto de reparación civil a favor del Estado. Este monto deberá ser pagado de manera solidaria con Pedro Castillo, el exministro del Interior Willy Huerta y el exasesor Aníbal Torres, quienes también fueron condenados en el mismo proceso.