El Poder Judicial dispuso el archivo definitivo del caso ‘Cócteles’, proceso en el que Keiko Fujimori y otras 32 personas vinculadas a Fuerza Popular eran investigadas por presuntos aportes ilegales a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. La decisión fue adoptada por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que ejecutó así una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional.

La resolución declara el “sobreseimiento definitivo” del proceso por lavado de activos con agravante de organización criminal y ordena levantar todas las medidas personales y reales que pesaban sobre la lideresa de Fuerza Popular y los coprocesados. Parte del contenido de este fallo fue difundido por la defensa de Fujimori, a cargo de la abogada Giuliana Loza, quien sostuvo que el expediente carecía de sustento legal y vulneraba el debido proceso.

El Tribunal Constitucional había admitido en octubre pasado una demanda de la defensa y dispuso archivar el caso, aclarando que su pronunciamiento no era sobre la inocencia o culpabilidad de Fujimori, sino sobre la falta de base legal y constitucional para sostener la acusación. En esa línea, ordenó al juzgado competente pronunciarse con prontitud, lo que derivó en la actual decisión.

La defensa de Fujimori también cuestionó que la Fiscalía hubiera incorporado nuevos elementos a la investigación sin respetar adecuadamente el derecho de defensa y alegó que, antes de noviembre de 2016, no existía una consideración clara de que la recepción de fondos para campañas pudiera configurar lavado de activos. El Tribunal Constitucional recogió estos argumentos dentro de su evaluación jurídica.

El caso se abrió por la presunta financiación irregular de Fuerza Popular a través de aportes que se presentaban como actividades de recaudación, como los llamados ‘cócteles’. Entre los señalados aportantes estuvieron empresas privadas nacionales y la constructora brasileña Odebrecht, lo que motivó que la Fiscalía planteara la existencia de una organización criminal y solicitara incluso la disolución del partido político.

Con el archivo definitivo del proceso, se cierra una de las investigaciones más relevantes de los últimos años en torno al financiamiento político en el Perú, aunque el Tribunal Constitucional dejó expresamente establecido que su decisión no implica una declaración de inocencia, sino el reconocimiento de que la acusación no reunía los estándares legales y constitucionales necesarios para sostenerse.

El PJ archivó definitivamente el caso contra Keiko Fujimori al ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. No hubo lavado de activos ni organización criminal. El proceso concluyó por carecer de base legal y vulnerar el debido proceso, en una clara persecución fiscal. pic.twitter.com/WRe0gTxk39

— Giulliana Loza (@GiullianaLoza) January 14, 2026