Una creciente alarma se ha desatado en el ámbito político nacional ante la posibilidad de anular o postergar las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026. Esta iniciativa, en apariencia menor, representa un serio atentado contra el principio democrático de alternancia en el poder, y desconoce los avances alcanzados en el proceso electoral.

La sola propuesta de modificar la fecha genera incertidumbre sobre el futuro institucional del país y siembra dudas en un contexto que exige más transparencia y compromiso con las reglas de la democracia.

El proceso electoral, tal como ha sido concebido, implica la participación confiada de millones de peruanos que acudirán a las urnas con la expectativa de elegir a líderes capaces de responder a los retos del país. Se da por hecho que los partidos y sus candidatos han cumplido con las exigencias legales establecidas por los órganos electorales. En este escenario, organismos como el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el RENIEC juegan un rol esencial, no solo como garantes técnicos del proceso, sino como pilares de su legitimidad y credibilidad.

Sin embargo, el descubrimiento de firmas falsas en las listas de más de veinte partidos inscritos para competir en los comicios ha encendido las alertas. Se trata de una situación preocupante que evidencia serias fallas en los mecanismos de control, y que pone en entredicho no solo la calidad del proceso, sino la capacidad de las instituciones responsables de fiscalizarlo. Frente a esta amenaza, no basta con continuar el proceso como si nada ocurriera; se requiere una respuesta firme y clara que asegure la integridad del sufragio.

El problema no se limita a un caso aislado. La falsificación de firmas es una conducta tipificada como delito, que atenta contra bienes jurídicos fundamentales y que pone de relieve la inoperancia de entidades claves como el JNE, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso, la ONPE, la Defensoría del Pueblo y el RENIEC. Aunque todas estas instituciones proclaman su compromiso con la democracia y el Estado de derecho, su respuesta ante irregularidades tan graves ha sido, hasta ahora, insuficiente.

El fondo del problema es estructural y apunta a una debilidad ética y política dentro del sistema electoral. Pese a los múltiples ajustes legales y procedimientos establecidos para verificar la autenticidad de las firmas de adherentes, los mecanismos actuales no han conseguido erradicar la falsificación ni garantizar una competencia política basada en la legalidad. Esta situación compromete seriamente la transparencia de las elecciones de 2026 y plantea un desafío que exige decisión, reformas urgentes y voluntad de corregir de raíz las fallas que amenazan la democracia.