Un ciudadano presentó una denuncia ante el Ministerio Público del Perú contra la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú por un presunto incremento injustificado en los precios de los combustibles en el país, en medio del actual contexto de escasez y problemas de abastecimiento.

La denuncia fue interpuesta por César Alfredo Vignolo, quien acusa al gremio de incurrir en prácticas que habrían provocado un alza desmedida en el costo de los combustibles, lo que —según sostiene— afecta directamente a conductores particulares, choferes profesionales y a las familias que dependen del transporte para sus actividades diarias.

De acuerdo con el documento presentado, los incrementos en los precios podrían estar vinculados a posibles prácticas de acaparamiento, que implican la retención deliberada de productos para provocar escasez, así como a actos de especulación mediante la venta a precios considerados abusivos o injustificados en el mercado.

El denunciante argumenta que este tipo de conductas se encuentran tipificadas como delitos dentro del marco legal peruano cuando afectan el abastecimiento o el orden económico, especialmente en contextos de emergencia o crisis que impactan directamente a los consumidores.

En su denuncia, Vignolo invocó la Ley N.º 31040, promulgada en 2020, que modificó el Código Penal para sancionar penalmente el acaparamiento y la especulación. La norma establece penas que pueden llegar hasta los ocho años de prisión, además de multas, particularmente cuando estos hechos se producen durante estados de emergencia declarados por el Poder Ejecutivo.