La Procuraduría General del Estado presentó una denuncia penal contra miembros del Consejo de Ética del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) por la presunta comisión del delito de avocamiento ilegal de procesos en trámite, en agravio del Estado y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), según consta en el documento remitido a la Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja.

La denuncia fue formulada por el procurador público de la JNJ, Mario Tello Ponce, y está dirigida contra Carlos Enrique Ampuero Montes, en su condición de presidente del Consejo de Ética del CAL, así como contra los consejeros Félix Augusto Vasi Zevallos, María Catalina Vera Tudela Peña y Fernando Castañeda Ipanaqué, por presuntamente haberse atribuido competencias que no les corresponden.

De acuerdo con la imputación, los denunciados habrían emitido resoluciones mediante las cuales admitieron una denuncia y dictaron una medida cautelar de suspensión temporal en el ejercicio profesional contra miembros del Pleno de la JNJ, pese a que existía un proceso constitucional de amparo en trámite ante el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, en el que la JNJ figura como parte demandada.

La Procuraduría sostiene que estas decisiones se adoptaron sin competencia y con pleno conocimiento de que los hechos cuestionados estaban vinculados al ejercicio de funciones constitucionales de la JNJ, lo que, a su juicio, configura una interferencia indebida en un proceso en curso y vulnera el marco legal que delimita las atribuciones de los colegios profesionales.

En el escrito también se advierte que el Tribunal Constitucional ha establecido criterios que proscriben la imposición de sanciones basadas en fórmulas éticas genéricas cuando estas afectan el ejercicio de competencias constitucionales, aspecto que, según la denuncia, no habría sido considerado por el Consejo de Ética del CAL al momento de resolver.

La denuncia penal busca que el Ministerio Público evalúe la responsabilidad penal de los integrantes del Consejo de Ética denunciados y determine si incurrieron en el delito previsto en el artículo 410 del Código Penal, en un contexto de creciente tensión institucional entre la Junta Nacional de Justicia y sectores que cuestionan sus decisiones disciplinarias.