A partir de mañana entra en vigor la reforma de la Ley de Extinción de Dominio, un cambio normativo sustancial que, según el abogado Dino Carlos Caro Coria, CEO de Caro & Asociados y presidente de la Asociación Internacional de Compliance, tendrá efectos inmediatos y profundos en los procesos actualmente en trámite.

El especialista advierte que muchas de estas causas, e incluso la mayoría, podrían ser archivadas bajo los nuevos parámetros legales.

Uno de los principales cambios es que ya no bastará que los bienes provengan de cualquier conducta ilícita. Ahora, deberá probarse que emanan directamente de un delito tipificado, y este tendrá que estar respaldado por una sentencia firme y consentida o, en ciertos casos, por un laudo, lo cual genera controversia debido a que el arbitraje no juzga delitos. Solo para delitos graves como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, contrabando, entre otros, no se requerirá una sentencia penal firme.

La nueva ley también introduce modificaciones clave en cuanto al proceso y los derechos de las partes. Desde la etapa indagatoria, las partes procesales, incluyendo el potencial demandado, tendrán acceso al expediente y deberán ser notificadas. Además, se fija un plazo de prescripción de cinco años para iniciar la acción de extinción de dominio, contados desde la firmeza de la sentencia o del laudo.

En cuanto a las medidas cautelares, se establece que los bienes no podrán ser subastados antes de que exista una sentencia definitiva. Asimismo, el afectado podrá interponer un recurso de oposición ante estas medidas, lo que obligará al juez a convocar una audiencia antes de tomar una decisión. También se contempla la posibilidad de ordenar el allanamiento y registro domiciliario de los bienes involucrados en la investigación.

Finalmente, se introduce el recurso extraordinario de casación, el cual deberá ser resuelto por la Corte Suprema. La reforma, considerada por muchos como un retroceso en la lucha contra el crimen organizado, probablemente será objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. Caro Coria anticipa que el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra sobre la legalidad de esta nueva normativa.