Por Alejandro Muñante, publicado en Expreso

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de emitir un fallo, a todas luces, prevaricador, que evidencia un total desprecio por el principio de soberanía estatal, debido a que pretende que el Estado peruano se convierta en un instrumento de adoctrinamiento, vigilancia, persecución y castigo contra aquellos que no se sometan a la ideología de género.

Ha sentenciado así en el caso Olivera Fuentes vs. Perú, mediante el cual ordena al Estado Peruano a: 1) Realizar anualmente, con el dinero de todos los peruanos, una campaña de sensibilización y concientización a nivel nacional para promover la ideología de género y la agenda LGBTIQ+; 2) Elaborar un plan pedagógico de adoctrinamiento en materia de “diversidad sexual y de género, perspectiva de género, derechos humanos de las personas LGBTIQ+” en el ámbito del consumo, de acuerdo a los lineamientos ideológicos de la Corte; 3) Obligar a las autoridades administrativas y judiciales a que sean aleccionadas en ideología de género, como requisito para el cumplimiento de sus funciones; 4) Elaborar un “manual de razonamiento” para vigilar y castigar a las empresas y trabajadores que contravengan los estándares ideológicos de la Corte IDH en materia de género.

Ninguna persona podría estar a favor de algún tipo de discriminación por orientación sexual, ya sea en un centro de trabajo o de estudios; en eso estamos todos de acuerdo. Pero de allí a que la Corte IDH se extralimite en sus funciones, constituye una descarada intromisión globalista; considerando además que su jurisdicción es residual, es decir, opera cuando se asume que los mecanismos de protección interna de Derechos Humanos han fallado.

Cabe recordarle a la Corte IDH que la sola razón de ser personas humanas con dignidad intrínseca, nos hace acreedores del respeto en sociedad, no los intereses, no los gustos, no las afiliaciones. En ese sentido, el Estado peruano debería pronunciarse a través de la presidente Dina Boluarte, rechazando esta sentencia de la Corte IDH que parece conducirse a merced de los deseos de su financista George Soros, generando como resultado este tipo de opiniones sesgadas. Si en nuestro país, alguna organización financiara al aparato judicial para dictar decisiones jurisdiccionales conforme a sus intereses, sería considerado soborno.

En ese contexto, me encuentro preparando un proyecto de ley que garantice el ejercicio pleno del derecho a la libertad de conciencia de los funcionarios públicos; así como una moción de invitación a la Canciller para que comparezca ante el Congreso de la República, y explique cuál va a ser la posición soberana del Perú ante este nuevo abuso de poder.

La patria, la vida, y la familia se respeta. Si no es así, salgamos de la Corte IDH.