El expresidente Ollanta Humala ha denunciado públicamente que la sentencia que lo condena a 15 años de prisión por lavado de activos fue firmada y notificada solo minutos después de que se quejara en redes sociales por la demora en recibir el documento completo.

Según registros oficiales, los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional estamparon sus firmas digitales entre las 7:58 p.m. y 8:01 p.m. del viernes 2 de mayo, menos de una hora después de que el exmandatario expresara su reclamo en la red social X (antes Twitter) a las 7:18 p.m.

La Corte Superior Nacional respondió ese mismo día, a las 10:57 p.m., informando que la sentencia ya había sido notificada “formalmente”, dentro de los plazos legales y tomando en cuenta la complejidad del caso. No obstante, Humala sostiene que la resolución fue apresurada tras su reclamo público, lo que pondría en cuestión la transparencia del proceso. Como parte de una queja funcional, ha solicitado a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que se realice un peritaje informático a las computadoras de los jueces, con el fin de verificar hasta cuándo y en qué condiciones se redactó la sentencia.

De acuerdo con el artículo 396 del Código Procesal Penal, las partes deben recibir de inmediato el texto íntegro de la sentencia una vez leída en audiencia pública, lo que no habría ocurrido hasta tres días después, según la defensa legal del exmandatario. Esta demora, advierte su abogado Wilfredo Pedraza, representa una violación al derecho fundamental de ser detenido solo por mandato judicial debidamente motivado, en alusión al internamiento de Humala en un penal tras un adelanto de fallo.

En un comunicado difundido posteriormente, Humala calificó su condena como “una sentencia política alejada del derecho”. Aseguró que el Poder Judicial no logró acreditar un desbalance patrimonial, ni el ingreso o recepción de fondos ilícitos por parte suya o de su esposa, Nadine Heredia. También cuestionó la validez de las pruebas presentadas, en especial los documentos provenientes de Brasil que, según dijo, fueron anulados por la Corte Suprema de ese país.

La sentencia contra Humala y Heredia se suma a una larga lista de casos judiciales relacionados con presuntos aportes irregulares a campañas políticas en Perú. La defensa ha anunciado que apelará el fallo y agotará todos los recursos disponibles. Mientras tanto, el tribunal que emitió la condena ha asegurado que la apelación seguirá su curso conforme a las normativas procesales, respetando el derecho de los sentenciados a presentar sus argumentos.