En el Perú, cerca de 1,800 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) operan con financiamiento extranjero, pero solo el 10% de ellas son fiscalizadas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Esto significa que unas 1,600 entidades no son supervisadas de manera efectiva, lo que ha generado preocupación sobre el destino de los fondos que manejan.

Antonio González Norris, quien fue jefe de APCI entre 2018 y 2023, explicó que la selección de organizaciones a fiscalizar es aleatoria y se basa en criterios como el volumen de recursos que manejan, el nivel de pobreza en la zona donde operan y la existencia de denuncias previas. Sin embargo, la mayoría solo presenta declaraciones de gastos, y en muchos casos se han detectado documentos falsificados para justificar el uso del dinero.

El Registro Único de Sanciones de APCI reporta alrededor de 1,500 casos de irregularidades entre 2009 y 2024, pese a que solo se fiscaliza al 10% de las ONG. Entre los casos más emblemáticos figura la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), vinculada al conflicto del ‘Baguazo’ en 2009, que dejó 33 fallecidos. Una investigación reveló que esta ONG presentó documentación fraudulenta y desvió al menos 130 mil dólares a cuentas personales de sus directivos.

González sostuvo que la única manera de fiscalizar a todas las ONG registradas es con una decisión política firme y mayores recursos. Actualmente, APCI maneja un presupuesto de 12 millones de soles anuales, pero se estima que necesitaría al menos dos millones más para ampliar su capacidad de supervisión y garantizar que los fondos sean usados con transparencia.