El Ministerio Público del Perú oficializó la juramentación de Tomás Aladino Gálvez Villegas como nuevo fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029, en una ceremonia realizada en su sede central. El magistrado asumió el cargo tras haber sido elegido días antes por la Junta de Fiscales Supremos, marcando el inicio de una nueva etapa en la institución.

La designación se concretó luego de una votación realizada el 23 de marzo por la Junta de Fiscales Supremos, donde Gálvez obtuvo una ajustada mayoría de tres votos frente a dos. El nombramiento fue formalizado mediante resolución publicada en el diario oficial y se dio en cumplimiento de la normativa vigente que regula la elección del titular del Ministerio Público.

El acto de juramentación contó con la presencia del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, así como de altas autoridades del sistema de justicia, en un contexto marcado por la expectativa de superar la crisis institucional que atraviesa la Fiscalía desde el año pasado.

Cabe recordar que Gálvez ya ejercía el cargo de manera interina desde septiembre de 2025, tras la suspensión de Delia Espinoza Valenzuela por parte de la Junta Nacional de Justicia. Su elección definitiva se produjo luego de que se ratificaran las medidas contra la exmagistrada, quien además fue inhabilitada para ejercer función pública por un periodo de diez años.

No obstante, el nombramiento no ha estado exento de críticas. El Colegio de Abogados de Lima expresó su rechazo a la designación, señalando que podría afectar la defensa de la legalidad. Estas observaciones se suman a un clima de tensión en torno a la conducción del Ministerio Público.

En paralelo, Gálvez anunció que el próximo 31 de marzo sustentará ante el Congreso de la República del Perú un proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, con el objetivo de modernizar una normativa vigente desde hace más de cuatro décadas. Según indicó, la reforma busca fortalecer la labor fiscal mediante la incorporación de lineamientos y herramientas que permitan mejorar la investigación penal y recuperar la confianza ciudadana en la institución.