Fuente: La Contra

El megacaso de corrupción que remeció a España durante la pandemia ha cruzado el Atlántico y ha llegado hasta el Perú, específicamente a Chimbote. La investigación conocida como “caso Koldo”, que indaga presuntas coimas en contratos de material sanitario, involucra al exministro español José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, ambos actualmente en prisión preventiva.

Ahora, nuevos hallazgos de la Guardia Civil han revelado conexiones financieras y patrimoniales del exfuncionario en territorio peruano, incluyendo una propiedad no declarada.

Los investigadores accedieron a chats y registros de remesas que muestran el envío de dinero desde España a Perú entre noviembre de 2018 y junio de 2019. Ese flujo habría sido recibido por la peruana Jenifer Balta Cueva, administradora del inmueble en Chimbote y representante legal de Ábalos en el país. Lo que ha encendido las alarmas es que, según los reportes policiales, los movimientos financieros del exministro no cuadran con sus ingresos declarados, y se detectan posibles pagos que alcanzarían los 800.000 euros.

El caso se agrava por el origen y destino de la propiedad chimbotana. Según investigaciones de Debate y Perú21, el inmueble —valuado en más de un millón de dólares— está asociado a la ONG española Fiadelso, que llegó a Chimbote en los años 90 para ejecutar proyectos sociales. Los vecinos cedieron un terreno de 450 metros cuadrados para construir un centro comunitario, pero la transferencia se realizó a nombre de Ábalos y no de la organización. Tras su salida del Perú en 2016, la casa quedó bajo administración de Segundo Valle, quien había sido representante de la ONG, hasta que Jenifer Balta lo denunció y lo retiró del lugar en 2019.

Las declaraciones de Valle han añadido un componente explosivo a la investigación. Según afirma, la Cooperación Internacional Española habría manejado fondos de manera irregular a través de Fiadelso. Señaló que, en ocasiones, se abrían cuentas bancarias a nombre de los proyectos y otras veces a su propio nombre, mientras que Ábalos le exigía un 20% de comisión de cada transferencia. “Si un proyecto costaba 80.000 dólares, yo tenía que guardarle 16.000”, aseguró, apuntando a un esquema en el que solo el dinero restante se destinaba a las obras sociales comprometidas.

En este entramado aparece nuevamente el nombre de Jenifer Balta, cuya participación como representante de Ábalos en Perú habría sido clave para administrar fondos y gestionar la propiedad. La justicia española ya está siguiendo la ruta de estas operaciones y ha ampliado la investigación hacia Sudamérica, buscando esclarecer si parte del dinero presuntamente obtenido de forma ilícita terminó en la adquisición o mantenimiento del inmueble de Chimbote.

Con estos nuevos elementos, el caso Koldo entra en una fase internacional que podría comprometer aún más la situación judicial de Ábalos y su entorno. Las autoridades españolas analizan cómo la red financiera se extendió fuera de Europa y qué papel desempeñaron sus contactos en Perú en la presunta canalización de fondos irregulares.