Por Aurelio Pastor Valdivieso, exministro de Estado

Publicado en La Noticia Renovada

Durante los últimos días se ha instalado en el debate público una explicación aparentemente simple para la actual crisis de combustibles que vive el Perú: la ruptura del ducto de Camisea que transporta gas natural desde Cusco hacia la costa central del país.

La explicación es cómoda. Pero es incompleta.

La ruptura del ducto agravó la situación, sin duda. Sin embargo, la crisis energética que hoy afecta al país no comenzó allí. En realidad, empezó semanas antes, cuando Petroperú dejó de importar combustibles líquidos debido a problemas de liquidez y restricciones financieras.

Ese hecho pasó casi desapercibido en el debate público, pero tuvo consecuencias inmediatas.

Petroperú abastece aproximadamente el 40 % del mercado nacional de combustibles líquidos y, además, cumple un rol indirecto de estabilización de precios. Cuando participa activamente en el mercado aumenta la oferta y contribuye a moderar las alzas. Cuando deja de hacerlo ocurre exactamente lo contrario.

La reducción de importaciones significó una disminución abrupta de la oferta en el mercado mayorista. El resultado fue previsible: los precios comenzaron a subir y el sistema empezó a tensionarse. Todo esto ocurrió antes de la ruptura del ducto de Camisea.

El problema es que el mercado peruano de combustibles es altamente concentrado. En ausencia de Petroperú, el abastecimiento queda principalmente en manos de unos pocos operadores privados de gran tamaño. Cuando uno de los grandes actores desaparece del mercado, el equilibrio se rompe.

Y fue en ese contexto de fragilidad cuando ocurrió el segundo golpe: la ruptura del sistema de ductos de Camisea. El impacto fue inmediato.

En Lima existen entre 350.000 y 400.000 vehículos que utilizan gas natural vehicular (GNV), en su mayoría taxis y transporte público. Cuando el suministro se reduce, estos vehículos migran inevitablemente hacia la gasolina, aumentando de manera súbita la demanda de combustibles líquidos.

Al mismo tiempo, la interrupción del transporte de líquidos desde Camisea también afectó la disponibilidad de GLP, generando presiones adicionales sobre el sistema energético.

El resultado fue una tormenta perfecta: menos oferta de combustibles líquidos, menos gas natural y una demanda súbitamente mayor de gasolina.

Las consecuencias ya las estamos viendo: colas en estaciones de servicio, aumento de precios, encarecimiento del transporte y presiones inflacionarias.

Pero lo más preocupante es lo que esta crisis revela: la fragilidad estructural del sistema energético peruano.

Un país que depende de tan pocos actores para su abastecimiento energético, y cuya empresa estatal enfrenta recurrentes problemas financieros, es un país permanentemente expuesto a crisis.

Por eso la lección política es clara. El ducto de Camisea agravó el problema.

Pero la crisis empezó antes.

Y mientras el Perú siga ignorando los problemas estructurales de su sistema energético —desde la gestión de Petroperú hasta la seguridad de su infraestructura— estas crisis seguirán apareciendo periódicamente.

Porque en el Perú las crisis rara vez son accidentes.

Casi siempre son problemas que se dejaron crecer demasiado tiempo.