Por Martha Chávez, publicado en Expreso

Está demostrada la inexcusable y posiblemente corrupta ineficacia en que han incurrido integrantes de la alta dirección de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encabezados por su jefe nacional, quien dejó de serlo por renuncia ante la grave situación creada por su inconducta funcional.

Fuera de toda duda está que el domingo 12 de abril último, muchas mesas electorales en Lima Metropolitana no pudieron instalarse en el lapso inicial previsto usualmente y que tenía como límite máximo el mediodía, límite que tuvo que extenderse 2 horas más. También que en 13 locales de votación no llegaron siquiera a instalarse mesas electorales que comprendían casi 64,000 electores. En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones dispuso que se continúe el acto electoral el lunes 13 siguiente.

Hasta el momento no se ha podido demostrar cuántas personas realmente acudieron a los centros de votación en el lapso en que aún no se habían instalado las mesas de votación, y decidieron o no pudieron regresar para ejercer su derecho al sufragio. Vale resaltar que en esas mesas “demoradas” sí votaron un 80% de los ciudadanos pertenecientes a ellas.

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, es claro que debe descartarse de plano la posibilidad de anular la votación de tales mesas “demoradas”, pues ello implicaría desmerecer el ejercicio efectivo de su derecho a sufragio de 4/5 partes de los ciudadanos que sí votaron.

La benevolente posibilidad, pragmática más que jurídica, de implementar una suerte de reapertura de las mesas “demoradas” para que acudan a votar quienes no lo hicieron, no solo significaría que la votación carezca de la espontaneidad con que la propia Constitución  Política (art. 176) caracteriza la expresión ciudadana, habida cuenta de que ya se sabe que 83% de las opciones en juego no alcanzaron mínimo apoyo popular. Más aún, según los resultados de la votación en la extensión del lunes 13 de abril, es natural anticipar que la preferencia ciudadana favorecería mínimamente al partido que viene tipificando las irregularidades antes descritas como fraude.

Merece, eso sí, absoluto rechazo el deshonesto y oportunista pedido de nulidad total de las elecciones que realizan algunos personajes que, colmados de soberbia, se creían seguros elegidos o reelegidos y que pretenden, con maña, darse una segunda oportunidad y, en no pocos casos, mantener indefinidamente el cargo que detentan, sea en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo.

Digo indefinidamente, porque si hoy se acepta que vale la sola grita de fraude para anular elecciones, se está suprimiendo la posibilidad de futura renovación de autoridades por voto popular.