Por María Isabel León, empresaria y expresidenta de Confiep
Publicado en El Comercio

En el debate público, se ha vuelto frecuente cargar sobre el sector privado responsabilidades que, en esencia, no le corresponden. Se le exige no solo generar riqueza, empleo e innovación, bienes y servicios que benefician a la población, sino también suplir las deficiencias estructurales del Estado: cerrar brechas sociales, financiar servicios públicos e incluso liderar procesos de cohesión nacional. Esta mirada, aunque bien intencionada, parte de una confusión fundamental: la falta de comprensión de la división de funciones en una economía moderna. El sector privado cumple un rol insustituible: crear valor. Produce, invierte, asume riesgos y genera empleo. En ese proceso, además, aporta significativamente al fisco mediante impuestos que deberían ser el principal sustento de la acción estatal. Pretender que, además de ello, asuma funciones propias del Estado no solo es ineficiente, sino también peligroso, porque diluye responsabilidades y debilita la exigencia ciudadana hacia quien realmente debe responder.

El Estado, en tanto, tiene funciones indelegables. Debe garantizar seguridad, administrar justicia, proveer servicios básicos de salud y educación, y desarrollar infraestructura que integre al país. También debe planificar el uso de los recursos públicos con una visión de largo plazo, orientada al bienestar general. Sin embargo, en el Perú, estas funciones han sido incumplidas de manera sistemática durante décadas y no por falta de recursos, sino por deficiencias en gestión, ejecución y planificación.

Es aquí donde el diagnóstico debe ser honesto: el problema no es la ausencia de compromiso del sector privado, sino la debilidad del Estado como ejecutor y planificador. Culpar a los empresarios de esta situación no solo es injusto, sino que distrae del verdadero desafío: construir instituciones públicas capaces y eficientes. Ahora bien, reconocer esta división de roles no implica que el sector privado deba limitarse a exigir, desde fuera y amparado en su poder económico, que el Estado funcione mejor y rinda cuentas. Esa postura, aunque comprensible, resulta insuficiente y hasta ingenua. El país necesita más que observadores críticos: requiere actores comprometidos. El sector privado también puede –y debe– involucrarse, participar y aportar desde dentro, contribuyendo a fortalecer las capacidades del propio Estado.

En esa línea, también es importante matizar ciertos juicios extendidos. No es justo afirmar que todo el sector privado peruano “se mira el ombligo” o carece de espíritu filantrópico. Existen numerosos esfuerzos que, aunque muchas veces dispersos o poco visibles, generan un impacto real en la sociedad.

Cada empresa, cada grupo empresarial, actúa según sus posibilidades, convicciones e incentivos. Algunos optan por mantener un bajo perfil; otros comunican más activamente sus iniciativas. Pero la contribución existe. Los ejemplos son diversos. Desde programas de becas que han permitido a miles de jóvenes acceder a oportunidades educativas, hasta iniciativas en sectores como la minería que desarrollan programas sólidos para combatir la anemia o impulsar el desarrollo local. En muchos lugares donde el Estado no llega, empresas han contribuido a la creación de escuelas, servicios básicos y programas sociales. Hay, en suma, una larga lista de acciones que desmienten la idea de que existan poblaciones “invisibles” para el sector privado. Esto no significa idealizar ni eximir de críticas. Siempre habrá espacio para mejorar, ampliar el impacto y articular mejor los esfuerzos. Pero una discusión seria debe partir por reconocer tanto las limitaciones como los aportes reales.

El desarrollo de un país no se logra trasladando responsabilidades de un actor a otro, ni simplificando el debate en términos de culpables. Se construye entendiendo con claridad el rol de cada uno y promoviendo una colaboración efectiva. El sector privado no puede ni debe reemplazar al Estado. Pero tampoco puede ser un actor distante. Y el Estado no puede seguir eludiendo sus funciones fundamentales. Reconocer esta realidad –compleja pero necesaria– es el primer paso para construir un Perú más justo, eficiente y verdaderamente inclusivo.