La agrupación Unión Naval, conformada por oficiales de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro, emitió un pronunciamiento dirigido al Fiscal de la Nación, Juan C. Villena Campana, en relación al frustrado allanamiento al Instituto de Defensa Legal (IDL), ocurrido el 10 de julio de 2018.

En el documento, los miembros de Unión Naval denuncian la intromisión de Gustavo Gorriti Ellenbogen, periodista y director del IDL, durante el procedimiento fiscal. A través de videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación, señalan que Gorriti habría interferido en la labor del Ministerio Público, comportándose de manera insolente con el fiscal Rodrigo Rurush Castillo.

Según la agrupación, Gorriti se habría comunicado con el entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, y otros magistrados, logrando que se calificara el allanamiento como ilegal y se dieran instrucciones para interrumpirlo.

Asimismo, Unión Naval cuestiona la presencia de la periodista Rosa María Palacios, quien ingresó al local del IDL durante el procedimiento, acompañando a Gorriti y haciendo caso omiso a la orden del fiscal Rurush de evitar la presencia de prensa. La organización critica la permisividad con la que, según ellos, se manejó la situación, comparándola con los allanamientos realizados previamente en la residencia de la entonces presidenta y en Palacio de Gobierno.

En su pronunciamiento, Unión Naval plantea que la situación evidencia un presunto blindaje a Gorriti por parte del Ministerio Público, al no haberse denunciado al periodista ni realizado el allanamiento de manera efectiva. La agrupación exige al actual Fiscal de la Nación que, en cumplimiento de los artículos 159.1, 159.4 y 159.5 de la Constitución Política del Perú, se tomen acciones judiciales contra Gorriti, Pablo Sánchez, Rosa María Palacios y todos los implicados por las presuntas violaciones a las leyes peruanas.

Este pronunciamiento refleja el malestar de los oficiales retirados ante lo que califican como un tráfico de influencias y una intervención irregular en las funciones del Ministerio Público, exigiendo sanciones inmediatas.