La agrupación Unión Naval, integrada por oficiales en retiro de la Marina de Guerra del Perú, emitió un pronunciamiento en el que exige el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que determinó que el caso El Frontón no constituye un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, debe prescribir.

Esto, ante el anuncio del inicio de un nuevo juicio oral contra miembros de la Marina que participaron en la recuperación del penal en 1986, durante un motín de internos sentenciados por terrorismo.

Unión Naval argumentó que la operación en El Frontón fue una acción militar para retomar el control de un penal tomado por internos armados, que tomaron rehenes y asesinaron a agentes del orden. Además, cuestionó la demora de 11 años en la notificación del fallo del TC y calificó de prevaricadora la actuación de magistrados que han prolongado el proceso.

La agrupación instó a la Tercera Sala Penal Nacional a respetar el fallo del máximo órgano constitucional y disponer el archivamiento definitivo del caso.