El Perú enfrenta nuevamente un fenómeno de El Niño de magnitud fuerte, con impactos en la economía y una mayor probabilidad de que alcance una magnitud extraordinaria hacia el verano. En este contexto, la vivienda se convierte en uno de los principales puntos de exposición para las familias, especialmente ante las lluvias intensas en la costa norte y centro. El Niño Costero de 2017 afectó a más de 380 mil viviendas, mientras que el riesgo sísmico representa una amenaza permanente para ciudades como Lima.

Cerca del 80% de los hogares peruanos reside en viviendas construidas sin asistencia técnica, lo que dificulta que estas edificaciones cumplan condiciones adecuadas para resistir un desastre. En Lima Metropolitana, además, alrededor del 70% de la población vive en viviendas que podrían sufrir daños moderados o incluso colapsar ante un terremoto severo.

Una de las principales causas de esta situación es el crecimiento informal de las ciudades. La expansión urbana ocurre en muchos casos sobre terrenos que aún no cuentan con servicios básicos ni infraestructura adecuada, mientras que las familias recurren a la autoconstrucción sin permisos ni asesoría técnica. De acuerdo con Grade, aproximadamente el 90% de la expansión urbana registrada durante los últimos 20 años fue informal.

Entre las principales barreras para ampliar la vivienda formal se encuentran el limitado acceso al financiamiento para trabajadores independientes, la escasez de suelo habilitado y la incertidumbre respecto a los subsidios de vivienda social. Alrededor del 70% de quienes acceden a un crédito MiVivienda son trabajadores dependientes, mientras que la disponibilidad de terrenos con servicios básicos y la variabilidad del presupuesto destinado a bonos dificultan la planificación de nuevos proyectos.

Ante este escenario, se plantean tres medidas: ampliar el acceso al crédito hipotecario para trabajadores independientes mediante una garantía estatal; poner en funcionamiento un Operador Público de Suelo para habilitar terrenos con servicios e infraestructura; y establecer una regla de incremento anual para los bonos destinados a programas como Techo Propio y Nuevo Crédito MiVivienda. El objetivo es generar mayor previsibilidad para las familias y los desarrolladores y facilitar que la oferta formal llegue antes que la ocupación informal.

El Gobierno ha planteado como meta construir 1,25 millones de viviendas durante cinco años, lo que implicaría multiplicar el ritmo actual de construcción. Para alcanzar ese objetivo será necesario modificar las condiciones que actualmente limitan la oferta formal de vivienda. De lo contrario, millones de familias continuarían expuestas ante futuros fenómenos climáticos o sismos de gran intensidad.