La condena de 14 años de prisión contra Martín Vizcarra no cierra su situación judicial. Por el contrario, marca el inicio de una etapa más compleja, pues el exmandatario enfrenta un segundo juicio por corrupción en Moquegua y mantiene abiertos otros expedientes fiscales y congresales.

El penalista Carlos Caro Coria explicó que, al tratarse de procesos paralelos derivados de un mismo conjunto de hechos, las eventuales penas no se sumarían automáticamente, sino que se ejecutan en paralelo, “descontándose una respecto de la otra” si recayeran condenas similares.

En este nuevo proceso, el Ministerio Público acusa a Vizcarra por presuntos pactos colusorios adicionales vinculados a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Se trata de una investigación que ya superó la etapa de control de acusación y que podría pasar a juicio en los próximos meses. Este expediente analiza, además de los pagos ilícitos, la trama completa de concertación entre el exgobernador y representantes de las empresas constructoras involucradas.

La reciente sentencia del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, que halló a Vizcarra responsable por cohecho pasivo propio, es solo la primera de una larga lista de carpetas pendientes. En total, son nueve procesos —entre investigaciones fiscales, denuncias constitucionales y acusaciones en etapa intermedia— que el expresidente deberá afrontar mientras cumple prisión efectiva en Barbadillo. Algunos de estos casos se remontan a su periodo como gobernador, otros a su gestión presidencial e incluso a decisiones adoptadas durante la pandemia.

Entre estos expedientes figuran investigaciones por negociación incompatible, colusión agravada, tráfico de influencias, falsedad genérica, omisión de funciones y organización criminal. Varios de ellos ya suman años de avance y podrían llegar a juicio oral a lo largo del 2026. Uno de los más próximos es el denominado Caso Chiribayuni, donde la fiscalía anticorrupción de Moquegua sostiene que Vizcarra permitió pagos irregulares por más de S/238 mil pese a conocer incumplimientos del Consorcio encargado.

De acuerdo con especialistas el impacto real de afrontar varios juicios no necesariamente se traduce en una sumatoria de penas. El criterio judicial apunta a evitar condenas acumulativas por hechos conexos tramitados por separado. No obstante, la existencia de múltiples procesos sí incrementa el riesgo de nuevas inhabilitaciones, mayores reparaciones civiles y un prolongado desgaste judicial que podría extenderse por años.

Además de los casos por corrupción en Moquegua, Vizcarra deberá responder por investigaciones relacionadas con contrataciones en el Ministerio de Cultura, denuncias por presunta falsedad en declaraciones patrimoniales, y los expedientes avanzados por el caso Club de la Construcción. Cada uno de estos procesos se encuentra en distintas etapas, desde diligencias preliminares hasta acusaciones formales.

Mientras se resuelven estos casos, el expresidente permanecerá internado en el penal de Barbadillo, donde ya se cumplen las medidas impuestas por el Poder Judicial. Su futuro judicial dependerá de la velocidad con la que avancen los expedientes y de los eventuales recursos que su defensa presente. Por ahora, la condena de 14 años representa solo el primer capítulo de un panorama legal que continúa ampliándose.