La situación financiera de Petroperú continúa deteriorándose, pero ese escenario no ha impedido que la empresa estatal mantenga un amplio esquema de beneficios laborales para sus trabajadores. Mientras la petrolera registra cifras rojas y depende del respaldo del Estado para sostener sus operaciones, los gastos asociados al personal siguen ocupando una proporción significativa de su presupuesto.

A octubre de 2025, Petroperú acumulaba pérdidas por US$ 481 millones en el año y, a diciembre, mantenía deudas con proveedores por US$ 767 millones. Este panorama se da pese a que entre 2022 y 2024 el Estado le transfirió S/ 17.888 millones en apoyo financiero, un monto superior al presupuesto anual de sectores clave como Salud y Educación, lo que ha intensificado el debate público sobre la sostenibilidad de la empresa.

En paralelo a estas cifras, la petrolera continúa financiando 83 tipos de beneficios laborales, que representan el 55 % de los gastos de personal. Entre ellos figuran pagos adicionales que no guardan relación directa con la productividad ni con los resultados económicos de la compañía, lo que ha generado cuestionamientos sobre la racionalidad del gasto.

Entre los beneficios vigentes se incluyen un doble bono en enero que puede alcanzar hasta el 150 % del sueldo, una gratificación vacacional equivalente a un salario adicional y la cobertura de alimentación incluso durante el periodo de descanso. A ello se suma una bonificación por escolaridad que cubre la educación de los hijos de los trabajadores desde los 3 hasta los 25 años, así como el reembolso de servicios domiciliarios como luz, agua y arbitrios.

Asimismo, los trabajadores reciben incrementos salariales automáticos del 5 % por cada cinco años de permanencia en la empresa, hasta un tope de 30 %, sin que medien evaluaciones de desempeño. Este esquema ha sido señalado como uno de los factores que presionan las finanzas de la petrolera en un contexto en el que debería priorizarse la austeridad.

La continuidad de estos beneficios ha provocado críticas desde el propio Ejecutivo. El entonces ministro de Economía y Finanzas, José Arista, expresó su indignación por lo que consideró privilegios desproporcionados, mientras que la actual titular del sector, Denisse Miralles, cuestionó la falta de transparencia en la gestión de la empresa. “Fastidia que existan ‘jeques árabes’ empleados de Petroperú cuando la empresa lucha por sobrevivir”, señaló Arista, al advertir que estos gastos terminan siendo asumidos por todos los peruanos.