En los últimos cuatro años el gasto en personal del sector público peruano ha registrado una expansión sostenida que contrasta con el desempeño del sector privado tras la pandemia. Mientras las empresas tuvieron que ajustarse, el Estado incrementó su gasto salarial hasta alcanzar, a diciembre de 2025, un ingreso promedio de S/3.688 para sus trabajadores, cifra que supera en 13% al promedio del sector privado (S/3.252).

Esta diferencia plantea la pregunta de si el aparato público es realmente más productivo o si el aumento responde a otras dinámicas políticas y administrativas.

Al cierre del 2025, el gasto en personal y obligaciones sociales ascendió a S/85.372 millones, un aumento de 28,9% respecto al 2021. El Gobierno Nacional concentró el 50% del total con S/42.521 millones, lo que representa un incremento de 23,6% frente al 2021. En conjunto, gobiernos regionales y locales también elevaron sus desembolsos, mientras que la PEA pública llegó a 1.543.332 trabajadores en noviembre de 2025, con una variación moderada frente a años previos.

El presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta, atribuyó este crecimiento principalmente al componente salarial antes que a mayores contrataciones. Señaló que la evolución del gasto responde a la fragmentación política y a la debilidad del Ejecutivo, que cedió ante presiones de grupos con capacidad de influencia. Advirtió que muchas decisiones de gasto impulsadas desde el Congreso no fueron contenidas mediante herramientas de control institucional.

Tuesta enfatizó que, de acuerdo con teoría económica y evidencia empírica, los salarios deberían crecer en función de la productividad real. Sin embargo, mientras los ingresos privados se estancaron o cayeron tras la pandemia, los del sector público siguieron aumentando sin que exista una mejora comprobada en el desempeño del Estado. Por ello, calificó como inconsistente que hoy el promedio salarial público sea mayor que el privado sin una justificación basada en resultados.

Por niveles de gobierno, además del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales también mostraron incrementos significativos tanto en gasto total como en gasto por trabajador. Sectores como Educación, Interior, Poder Judicial y entidades como el Congreso y la Contraloría figuran entre los que más ampliaron recursos, aunque el número total de trabajadores no creció en la misma proporción, lo que confirma el peso del factor remunerativo.

De cara a los próximos años, especialistas advierten que será clave introducir criterios técnicos en la gestión del empleo público. Se plantea realizar estudios serios de productividad, identificar áreas sobredimensionadas y aquellas donde falte personal calificado, y equilibrar la provisión de servicios con la sostenibilidad fiscal. El debate de fondo es si tiene sentido que el Estado pague más que el sector privado sin demostrar que funciona mejor.