La agencia Fitch Ratings decidió mantener la calificación crediticia de Perú en “BBB” con perspectiva estable. Para el organismo, el país conserva fundamentos sólidos gracias a su estabilidad macroeconómica, una inflación controlada y una deuda pública relativamente baja frente a otras economías con la misma clasificación.

Esta decisión implica que el riesgo de impago es limitado, aunque el desempeño podría deteriorarse si las condiciones económicas o políticas se tornan adversas.

Sin embargo, la calificadora advierte que el escenario político continúa siendo frágil tras el cambio de gobierno y la llegada de José Jerí a la presidencia. Fitch ya había señalado que la salida abrupta de Dina Boluarte generó imprevisibilidad en la toma de decisiones y que el Ejecutivo enfrenta un Congreso con alta disposición a la censura. Aunque el nuevo mandatario ha conformado un gabinete tecnocrático y ha buscado consensos, la agencia remarca que su margen de acción sigue siendo reducido.

Fitch también evalúa los esfuerzos del Gobierno para enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana, señalando que Jerí declaró estado de emergencia en Lima en respuesta al aumento de homicidios y extorsiones. Aun así, sostiene que la tensión social persistirá y que la incertidumbre política continuará afectando la gobernabilidad. Según el reporte, estos factores limitan la posibilidad de implementar reformas de largo plazo y elevan la sensibilidad del país a shocks externos.

En el ámbito económico, la agencia reconoce señales de mejora. Resalta que la actividad productiva creció alrededor de 3% durante el primer semestre del año, impulsada por la demanda interna y un entorno financiero más favorable. Además, la inversión privada mostró una recuperación significativa, lo que contribuye a la expectativa de que el PBI peruano cierre el 2025 con un crecimiento de 3,2%.

No obstante, la calificadora advierte riesgos que podrían frenar dicha recuperación: incremento de la inseguridad, eventuales protestas sociales, efectos climáticos y decisiones regulatorias imprevisibles. Fitch subraya que estas amenazas podrían afectar la inversión y la productividad, poniendo en duda la continuidad del repunte económico observado en los últimos meses.

Finalmente, aunque reconoce avances en la consolidación fiscal, la agencia advierte que el déficit quedaría en 2,5% del PBI, por encima de la meta oficial del Ministerio de Economía. Fitch señala que los incentivos tributarios podrían reducir la base impositiva y que parte del ajuste del gasto quedaría postergado para el próximo gobierno. Para los siguientes años, prevé un déficit de 2,2% en 2026 y de 1,9% en 2027, estimaciones que difieren de las proyectadas por la administración actual.