La inversión pública en Perú registró en 2024 un crecimiento del 14% en términos reales, la tasa más alta de los últimos 12 años, dejando de lado el repunte excepcional de 2021 tras la pandemia. Este avance fue impulsado principalmente por la asignación anticipada de recursos a los gobiernos subnacionales y un incremento en los gastos destinados a obras de prevención. Sin embargo, el avance del indicador ha generado un aumento en el déficit fiscal, que se situaría en 3,8% al cierre del año, incumpliendo la regla fiscal por segundo año consecutivo.

El desempeño fue desigual entre los niveles de gobierno. El gobierno nacional mostró un crecimiento sostenido del 14% gracias a la ejecución casi total de los recursos asignados a la Autoridad Nacional de Infraestructura, que concentró más del 30% del presupuesto de inversión en las nueve regiones donde opera. Por otro lado, los gobiernos regionales lograron el mayor incremento anual, con una tasa del 24%, impulsados por un sólido desempeño en la primera mitad del año, aunque sufrieron una ligera contracción en el cuarto trimestre. En el ámbito local, la inversión creció un 7%, favorecida por la baja base comparativa de 2023, aunque también se debilitó hacia finales de 2024.

A nivel regional, el crecimiento fue positivo en 22 de los 24 departamentos del país, destacando Loreto (+45%), Ica (+37%) y Moquegua (+36%). Las únicas caídas se registraron en Huánuco (-5%) y Madre de Dios (-2%). Este desempeño positivo fue respaldado por programas de capacitación técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como por el otorgamiento temprano de recursos a los gobiernos subnacionales, lo que redujo las discrepancias entre el presupuesto inicial y el modificado.

Pese a los avances, persisten desafíos significativos en la calidad de la inversión pública. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en 2023 se desperdició el equivalente al 2,5% del PBI debido a decisiones negligentes, corrupción y la falta de un servicio civil profesionalizado.

Para 2025, el Instituto Peruano de Economía (IPE) proyecta un crecimiento más moderado de la inversión pública, con una tasa estimada del 3,5%. Este crecimiento se verá condicionado por la alta base de comparación y las crecientes presiones políticas sobre el gasto público, que dificultarán el cumplimiento de la regla fiscal y la consolidación de las cuentas nacionales.

En ese contexto, expertos como Carlos Oliva, exministro de Economía, han advertido sobre la proliferación de disposiciones presupuestarias no planificadas introducidas por el Congreso, lo que incrementa los gastos adicionales y compromete la sostenibilidad fiscal. Según el Consejo Fiscal, se estima que hasta 2026 el déficit fiscal continuará superando los límites establecidos, acumulando cuatro años consecutivos de incumplimiento.

Garantizar una inversión eficiente y priorizar proyectos que reduzcan brechas sociales y económicas será clave para enfrentar los retos que se avecinan. El equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad fiscal será crucial para evitar que las mejoras en capacidad de ejecución sean socavadas por un manejo desordenado de las finanzas públicas.