El retraso en la ejecución de proyectos mineros no solo posterga las operaciones de las empresas, sino que también aplaza la generación de empleo, la actividad económica y los ingresos fiscales en las regiones donde están previstos. Así lo advierte un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), que analiza el impacto de la minería en el sur del país y calcula el costo de oportunidad asociado a inversiones que no se concretaron en los plazos inicialmente establecidos.

El informe tomó como referencia tres proyectos de Southern Perú que permanecen en cartera: Tía María, en Arequipa; Los Chancas, en Apurímac; y Michiquillay, en Cajamarca. De acuerdo con el análisis, Tía María tenía previsto iniciar operaciones en 2011, pero actualmente se estima que lo haga en 2027. En tanto, Los Chancas y Michiquillay estaban programados para comenzar en 2013 y 2016, respectivamente, aunque ambos proyectos se desarrollarían después del 2030.

Según las estimaciones del IPE, entre 2008 y 2024 los retrasos de estos tres proyectos acumularon S/ 13.095 millones en inversión no ejecutada y S/ 123.012 millones en producción no realizada. Si se incorporan los casos de San Gabriel, en Moquegua, y la ampliación de Toquepala, en Tacna, las cifras ascienden a S/ 16.705 millones de inversión no ejecutada y S/ 134.189 millones de producción que no llegó a concretarse durante el periodo analizado.

El impacto también se refleja en la recaudación y el empleo. Para Arequipa, Apurímac y Cajamarca, el estudio calcula que se dejaron de generar S/ 50.782 millones en recaudación fiscal. Asimismo, estima que los retrasos significaron alrededor de 18.500 empleos que no se generaron durante la etapa de inversión y otros 42.700 durante la fase de producción, considerando los efectos directos, indirectos e inducidos.

El IPE señala que los efectos de una inversión minera trascienden las instalaciones de la propia operación debido a los encadenamientos que genera con actividades como construcción, transporte, manufactura, comercio y servicios. Rómulo Mucho, exministro de Energía y Minas, destacó que una mina también beneficia a consultores, ingenieros, empresas de transporte, pequeños negocios y otros sectores. En Moquegua y Tacna, el estudio estima que por cada empleo directo generado por la minería se producen aproximadamente seis y siete empleos adicionales, respectivamente.

El informe también recoge casos de proyectos que finalmente entraron en operación, pero después de varios años de retraso. San Gabriel debía comenzar en 2015 y lo hizo en 2025, mientras que la ampliación de Toquepala, prevista inicialmente para 2011, empezó en 2018. Para el IPE, estos ejemplos muestran que aunque una inversión pueda concretarse posteriormente, los años de espera representan una postergación de la producción, el empleo y los ingresos fiscales que pudieron generarse antes. El instituto también recordó la paralización de Cuajone durante cerca de dos meses en 2022 por un conflicto social, como ejemplo del impacto que una interrupción puede tener sobre la economía regional.