El contralor Nelson Shack reveló el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2022, que analiza el gobierno de Pedro Castillo. El informe destaca diversas problemáticas en las entidades públicas durante este periodo.

Se encontró un preocupante "fraccionamiento" en las contrataciones públicas, donde se entregaron 76,408 contratos por montos menores o iguales a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT) sin pasar por procesos de selección. Esto ha movido más de S/9,250 millones en el año 2022 y será objeto de acciones de control.

En el Ministerio de Vivienda se detectaron 431 proveedores involucrados en este presunto fraccionamiento, que implicó un gasto de cerca de 31.7 millones de soles. Además, se contrataron 8,441 consultores por más de S/123 millones, y en más del 90% de los casos, el servicio aparentemente prestado se realizó fuera del país o de manera remota.

El informe también reveló que un alto porcentaje de funcionarios no declaró a sus parientes en su declaración jurada, lo cual fue evidente en el 47% de los funcionarios del Ejecutivo, el 30% en los gobiernos municipales y el 29% en los gobiernos regionales.

Destacó que un 40% de los funcionarios en la gestión de Castillo, así como el 45% en gobiernos municipales y el 28% en gobiernos regionales, tienen pendientes sanciones penales y civiles por presunta corrupción. El perjuicio económico total por corrupción e inconducta funcional en 2022 ascendió a S/24,419 millones.

El Gobierno Regional de Áncash y el municipio de Maynas en Loreto lideraron el ranking de las 10 entidades públicas con mayor índice de corrupción durante ese año.

Este informe subraya la gravedad de la corrupción en la gestión de Castillo y su impacto en la economía y la sociedad peruana, resaltando la urgente necesidad de abordar esta problemática de manera efectiva.