El nuevo informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) al Tribunal Supremo ha encendido todas las alarmas en España. Los investigadores describen una operativa que, de confirmarse, podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción de la última década, con paralelismos inmediatos al caso Odebrecht en Latinoamérica.

En el centro de la trama figura el socialista Santos Cerdán, mano derecha de Pedro Sánchez durante su ascenso al poder, y la constructora Acciona, una de las compañías más grandes del país. La sombra del caso ya se proyecta sobre el propio presidente, cuya estabilidad política podría verse comprometida.

El documento sostiene que Servinabar, empresa vinculada a Cerdán, recibía un “2 % neto” de las adjudicaciones logradas con Acciona Construcción. Ese presunto sistema de pagos habría comenzado en torno a Mina Muga, un proyecto adjudicado en 2015 a la UTE Acciona–Servinabar por el Gobierno de Navarra. La UCO señala que la pieza clave fue una cena realizada el 23 de mayo de 2017, apenas dos días después de que Pedro Sánchez ganara las primarias del PSOE. En ese encuentro, Cerdán negoció directamente con Justo Vicente, entonces director de Acciona Construcción, un contrato valorizado en 2,8 millones de euros para la elaboración del plan de seguridad del proyecto. Seis días después, el documento fue formalizado, confirmando el negocio.

El informe también recuerda que Cerdán formaba parte de la llamada “banda del Peugeot”, el núcleo duro que acompañó a Sánchez en su campaña para recuperar la secretaría general: José Luis Ábalos, Koldo García y el propio Sánchez completaban el grupo. Aquellos desplazamientos por las federaciones socialistas cimentaron la alianza entre ellos y dieron a Cerdán un peso decisivo que luego fue recompensado con altos cargos en el partido. Su figura ha sido tan cercana al presidente, que las preguntas sobre su presencia en esos viajes aún incomodan a Sánchez en el Senado, donde intenta minimizar su rol entre risas y evasivas.

La UCO subraya que existe “una operativa común” en varios proyectos aparentemente intervenidos por esta red: memorandos previos a la adjudicación, contratos de servicios firmados después de la licitación y un flujo de ingresos hacia Servinabar equivalente a más del 75 % de lo que esta empresa recibió en total. Cerdán adquirió el 45 % de la compañía en 2016, un año antes del presunto pacto con Acciona y antes de que Sánchez recuperara el liderazgo del PSOE.

El estallido de estas revelaciones ha abierto un escenario político incierto. La magnitud económica, la implicación de una multinacional y la proximidad personal de Cerdán con Pedro Sánchez alimentan la posibilidad de un escándalo mayúsculo. Si las acusaciones se consolidan en sede judicial, el caso podría escalar rápidamente hacia el Ejecutivo y poner en jaque al mandatario, tanto en el frente parlamentario como en el interno del PSOE.

Las comparaciones con Odebrecht, ya repetidas en círculos políticos y mediáticos, reflejan la creciente percepción de gravedad. A medida que avancen las investigaciones, se espera que aumente la presión sobre Sánchez para ofrecer explicaciones más contundentes y sobre Acciona para detallar las circunstancias de los contratos. El caso apenas comienza, pero ya ha provocado un temblor que sacude al núcleo mismo del poder socialista.