La Junta Nacional de Justicia abrió un procedimiento administrativo contra la jefa del Reniec, Carmen Velarde, tras la filtración masiva del padrón electoral que expuso información personal de más de 15 millones de peruanos. La medida marca el inicio de una pesquisa que podría convertirse en uno de los procesos más severos afrontados por una alta funcionaria en los últimos años, debido al impacto nacional de la vulneración.

Según la JNJ, la publicación de datos sensibles —incluyendo fotografías, direcciones y nombres completos— vulneró el derecho constitucional a la intimidad y dejó a la ciudadanía expuesta a riesgos de suplantación de identidad y delitos informáticos. La entidad notificó formalmente a Velarde y señaló que la filtración constituye un posible incumplimiento del artículo 7 de la Ley Orgánica del Reniec, que obliga a proteger la privacidad de la población. El programa Contracorriente confirmó el inicio del procedimiento.

La filtración, ocurrida hace veinte días, permitió que la información circulase libremente y, según especialistas consultados por el propio Reniec, podría ser usada para fraudes financieros, ataques de ingeniería social e incluso la elaboración de contenidos falsos mediante técnicas de deepfake. Una simulación con datos ficticios evidenció la fragilidad del sistema al permitir más de 500 consultas sin ninguna restricción, lo que reveló la falta de defensas contra técnicas de extracción masiva de datos.

Dentro de la JNJ, la decisión de abrir la investigación fue casi unánime: solo el consejero Francisco Távara votó en contra. El procedimiento busca determinar el nivel de responsabilidad de Velarde en la gestión de la plataforma digital y si corresponde iniciar un proceso disciplinario formal que podría terminar en su destitución, dependiendo de sus descargos.

El caso ocurre en medio de crecientes cuestionamientos a la administración del Reniec por el manejo de información estratégica para el proceso electoral. Mientras tanto, la institución intenta defenderse señalando que el padrón difundido era “preliminar”, aunque especialistas advierten que esta aclaración no reduce el daño causado ni el riesgo al que hoy se expone a millones de ciudadanos.