Por Oliver Stark

 

Con más de US$ 10 mil millones en ventas anuales (4% del PBI nacional), la minería ilegal —especialmente la de oro— ha superado ampliamente a otras actividades criminales como el narcotráfico, la tala ilegal o la trata de personas en el Perú, uno de los países institucionalmente más inestables del mundo. Con semejantes cantidades de dinero listas para financiar un Congreso ya corrupto y mediocre (naturalmente hay honrosas excepciones), las próximas elecciones presidenciales de abril del 2026 corren el riesgo de convertirse como mínimo en una lotería en un país donde las encuestas recientes muestran que el 63% de la población se declara “políticamente desinteresada”.

 

Ya son 43 los candidatos presidenciales inscritos y aprobados por el Jurado Nacional de Elecciones, el organismo encargado de organizar dichos comicios.

 

¿Cómo se pueden combinar estos números y circunstancias sin poner en riesgo el futuro de un país como el Perú?

 

Desde los años noventa, cuando el Perú ganó la guerra militar contra el grupo terrorista Sendero Luminoso - una de las organizaciones más sanguinarias del mundo, comparable solo con los Jemeres Rojos de Pol Pot - el país cambió radicalmente su curso histórico pasando de ser un país inviable a uno con milagro económico, tasas de crecimiento de más del 7% anual, reducción de la pobreza del 50% al 23%, crecimiento de las exportaciones de US$ 3 mil millones a US$ 70 mil millones al año, etc. El sol peruano es hoy la moneda más estable de América Latina y su deuda pública equivale apenas al 30% del PBI, una cifra que muchos países occidentales envidiarían.

 

Como el resto de la economía, el sector minero creció rápidamente y no tardó en convertirse en el pilar y principal contribuyente de las exportaciones y al impuesto a la renta. Por Canon minero - que por ley asigna el 50% del impuesto a la renta recaudado a las regiones donde se originó - muchas de ellas entre las más pobres y alejadas del país. De ese 50%, un 5% se destina a financiar universidades regionales. Más adelante ahondaré en la importancia de las universidades para el éxito del sector minero y la pequeña minería en particular.

 

Sin embargo, esta historia de éxito - que continúa hoy, con el Perú aún entre los países más atractivos para la inversión minera - tuvo un efecto colateral negativo que pasó desapercibido: la desaparición del pequeño minero formal del escenario nacional.

 

La exitosa Ley General de Minería de los 90 incluyó a la pequeña minería en 2 de sus 52 capítulos y ésta estuvo bien representada en asociaciones gremiales formales como la Sociedad Nacional de Minería. Pero a partir del año 2011, bajo un nacionalista y populista presidente Ollanta Humala, se empezó a incrementar la tramitología y burocracia estatales de tal forma que constituir una empresa se volvió inaccesible para miles de pequeños mineros, quienes no podían costear largos años de auditorías ambientales y trámites absurdos para explorar o explotar. Como suele suceder con los regímenes woke y de izquierda, la burocracia se multiplicó exponencialmente, en un patrón que no es desconocido en el mundo occidental. Si no, pregúntenle a los europeos, sobre todo los alemanes.

 

Antes de 2011, un pequeño minero debía tratar con un solo ministerio (Energía y Minas) y a partir del 2011 con seis (Ambiente, Cultura, Economía, Agricultura, Inclusión Social, además de Energía y Minas), cada uno exigiendo papeleo interminable (y dinero). Cumplir con la burocracia tomaba más tiempo que desarrollar el proyecto, una situación ridícula que sigue vigente no solo en el Perú, sino en gran parte del mundo occidental y que si no se corrige, condenará nuestros modelos de desarrollo al fracaso y a un retroceso hacia la oscuridad de los años 80.

 

La historia reciente cuenta el resto. En 2025, según el Ministerio de Energía y Minas 82,000 pequeños mineros informales (hoy 31,000 después de que la DGFM¹ en un buen primer paso redujera esa cifra a los que realmente querían la formalización y no el uso del REINFO² como una licencia para legalizar/limpiar la criminalidad) han abandonado sus esfuerzos de formalización porque “el sistema” simplemente no se los permite. Pareciera que dicho sistema está hecho solo para las grandes y medianas empresas, que sí pueden pagar bufetes de abogados costosos para lidiar con la burocracia. El REINFO se creó durante el gobierno de Kuczynski en 2016 y no fue más que un listado de mineros sin posibilidad real de formalización. La intención era buena: registrarlos para formalizarlos con ayuda del Estado. Pero eso nunca ocurrió. Nunca se asignaron recursos reales al Ministerio para atender a esos más de 80,000 mineros, y para colmo se “descentralizó” esta tarea a los flamantes pero inútiles y corruptos Gobiernos Regionales, condenando el esfuerzo al fracaso.

 

Luego de 9 años de existencia, el REINFO ha comprobado su total inoperancia: solo el 2% de los 82,000 inscritos ha logrado formalizarse. Sin embargo, durante esos 9 años, el REINFO tuvo una característica positiva crucial que pasa desapercibida entre tanto radicalismo en la discusión. Para cerrar el vacío legal de los registrados que querían formalizarse pero no podían seguir operando al ser técnicamente ilegales, se creó un régimen temporal con menor burocracia. Solo debían cumplir tres requisitos: 1) presentar un IGAFOM³ (certificación ambiental simplificada), 2) contar con un contrato de explotación firmado por el titular de la concesión (o ser titular de la concesión), y 3) tener un RUC e inscripción en el REINFO lo cual hizo accesible al pequeño y artesanal minero el poder seguir operando (y contribuyendo con impuestos). Sin embargo luego ocurrió algo profundamente enraizado en la cultura peruana desde la colonia, vino el “hecha la ley, hecha la trampa”. Así, esta flexibilización temporal - creada para ayudar a los verdaderos emprendedores mineros - atrajo a todos, incluso al crimen organizado, que vio una oportunidad de blanquear negocios ilícitos.

 

Hoy la minería ilegal genera más de US$ 10 mil millones al año convirtiéndose en una real amenaza a una sana institucionalidad y seguridad nacional del Perú que requiere urgentes y drásticas medidas. Todo lo anterior no es sin embargo motivo para meter a todos en un mismo saco y llegar a comparar la minería informal y al emprendedor minero de pequeña escala con un narcotraficante. Acá Chana no es lo mismo que Juana y persistir en el equivocado extremismo de querer anular a todos los REINFO´s de un plumazo no hace más que demostrar que los que apoyan eso desconocen profundamente la realidad nacional y de que más de:

 

• 2 millones de personas hoy dependen de la pequeña minería,
• el pequeño minero informal (con REINFO) aporta con impuestos al fisco,
• solo la pequeña minería es hoy capaz de explotar yacimientos filoneanos de muy baja potencia (pero alta ley) en escarpadas pendientes y quebradas casi inaccesibles que no le interesan a los grandes y medianos.

 

Teniendo uno que hacerse la pregunta de si no habrá un interés oculto en querer monopolizar el sector minero y las concesiones al punto tal que existen ejércitos privados que han tomado la ley sus manos renunciado a usar a un Estado efectivamente inútil e inoperante pero que al final ha sido el que ocasionó todo el problema y tiene que solucionarlo.

 

¿Cuál es la solución a la problemática de la minería informal?

 

Todo plan en el sector debe comenzar por separar la actividad criminal de la actividad minera. El crimen organizado (como el Tren de Aragua venezolano, Comando Vermelho brasilero u otras organizaciones criminales/mafias) debe ser enfrentado con inteligencia policial y fuerza militar. Ningún proceso de formalización funcionará mientras haya criminales armados en la zona - incluso los de empresas formales con ejércitos privados. Un buen primer paso ya se ha dado bajo la anterior gestión en la DGFM al eliminarse 52,000 de los 81,000 REINFO´s en el padrón, medida que definitivamente depura el padrón de aquellos que usaban malintencionadamente al sistema.

 

Igualmente se debe eliminar a aquellos que usan el mercurio como insumo de producción, práctica que a nivel mundial ha sido prohibida por los irreparables daños que produce al medio ambiente. En el caso peruano la destrucción de la Amazonía es concreta y comprobada no debiendo existir soluciones intermedias. La minería aluvial es metalúrgicamente ineficiente y medio ambientalmente insostenible. ¡No a la minería aluvial!

 

Segundo, ninguna de las soluciones propuestas por los extremos es válida. Ni el establishment minero formal representado por la Sociedad Nacional de Minería, ni las asociaciones de informales como CONFEMIN o FENAMARPE entre otros deben imponer su voluntad en el proceso. El Estado tiene que imponer autoridad, hoy inexistente en el país.

 

Es inaceptable eliminar de plano a todos los REINFO existentes alegando que “no funciona” o que son “una legalización del crimen”, porque hoy esta actividad es una realidad socioeconómica que da empleo directo a medio millón de personas y sustento a más de 2 millones. Ignorar eso sería irresponsable.

 

También es inaceptable que se anulen los derechos de concesión legal establecidos en la Constitución de 1993 y en la Ley General de Minería, para: 1) otorgar validez indefinida al REINFO (una medida temporal), 2) exonerar a los informales del IGAFOM (responsabilidad ambiental), y 3) imponer servidumbre obligatoria, permitiendo acceso libre a concesiones privadas, lo cual vulnera principios jurídicos que han traído desarrollo al país. Esta es hoy la plataforma negociadora de una representación de mineros informales que en realidad no los representa. Incluso dentro de CONFEMIN hay serias discrepancias entre sus miembros criminales y no criminales, lo cual refleja el conflicto entre una izquierda radical que busca imponer una nueva Ley MAPE orientada al caos y el dinero ilegal, fuente usual de financiamiento de la izquierda.

 

Con un capital político de 2 millones de votantes, esta es una presa jugosa para políticos corruptos, y ya hay millones invertidos en congresistas que intentaron imponer dicha ley días antes de escribir este aporte. Milagrosamente, la Comisión de Energía y Minas - mayoritariamente de izquierda radical - rechazó esta propuesta.

 

Tercero, debe crearse una nueva entidad público-privada, un ENAMI peruano que reemplace al REINFO siguiendo modelos como el de ENAMI⁴ de Chile o el antiguo Banco Minero del Perú. No debe ser solo un registro, sino un organismo con financiamiento mixto y gestión privada que brinde apoyo técnico (ingenieros, geólogos), administrativo (una ventanilla única) y financiero (créditos vinculados a plantas de procesamiento o proyectos de expansión) y de capacitación permanente.

 

En este punto debemos detenernos un momento para plantear como alternativa inmediata de solución a la informalidad el del uso de las plantas de tratamiento existentes⁵ como reemplazo al sistema u organismo de formalización a crearse. Dichas plantas que hoy compran legalmente mineral aurífero pueden constituirse sin mayor trámite en agentes retenedores y fiscalizadores autorizados por el Estado (como de hecho ya lo son al tener sólidas áreas de Cumplimiento según los estándares de trazabilidad más altos de la industria). Hoy las plantas mencionadas ofrecen también asesoría legal (tramitología), técnica (geología, ingeniería de minas), financiera (adelantos sobre avance en mina) y logística (barrenos, insumos), además de capacitación, todos elementos que son parte de la propuesta de la creación de un nuevo sistema de formalización como el Perú ya tenía cuando existía el antiguo Banco Minero. En este caso la gestión de apoyo al pequeño minero sería privada y de aplicación inmediata, se trataría de la privatización de la función de formalización.

 

Cuarto - y este es un tema vital y columna vertebral de una solución al conflicto - se deben establecer incentivos económicos y negociaciones concretas en el más corto plazo para que los titulares de concesiones accedan voluntariamente a negociar con pequeños mineros cesiones de uso o en su defecto la salida de los informales de las concesiones ajenas. Esto podría incluir exoneraciones tributarias proporcionales al costo de oportunidad incurrido por un concesionario al ceder en uso su concesión o el pequeño minero al dejar la concesión ilegalmente ocupada, reducción o eliminación del pago anual al INGEMMET por concesiones ocupadas por informales, entre otros mecanismos que equilibren pérdidas y beneficios. Un precedente exitoso de acuerdo “voluntario” fue el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) o “Aporte Voluntario” a la minería aprobado durante el gobierno de Alan García.

 

En el Perú hay concesionadas 20 millones de hectáreas, un 16% del territorio nacional y dentro de ellas un 45% son de oro. De las 110,000 concesiones vigentes hoy un sorprendente 90% son de pequeños mineros lo que indica a las claras que la solución debe incluir a los concesionarios pequeños. La idea es lograr acuerdos centrándonos en quienes se han hecho de concesiones y no tienen los medios para desarrollar minería en esa concesión o lo han hecho por motivos especulativos. Como es de público conocimiento el principal objetivo del sistema nacional de concesiones mineras existente hoy en el Perú es dar en cesión la riqueza minera de la Nación a privados para de esa manera monetizarla en beneficio de todos así que es en ese sentido que el Estado debe actuar fuerte e imponer la fuerza de la razón. Las concesiones abandonadas por factores económicos deben ser negociadas de una manera tal que pasen a disponibilidad de todos a través de los canales existentes hoy en el INGEMMET⁶.

 

De la mano con lo anterior, una nueva regulación del sector de la MAPE⁷ (Ley MAPE o modificación del clausulado respectivo en la Ley General de Minería) debe estar atado transversalmente con un programa de desburocratización de toda la economía (en el marco de la Ley 27444 de Procedimiento Administrativo General), hoy lamentablemente ralentizada por trámites inútiles en varios sectores. Solo en el sector minería lo que antes eran una decena de trámites se ha convertido en casi 200 pasos previos a la constitución y autorización de una empresa minera formal. No sorprende que el crecimiento de la informalidad haya sido explosivo y el Perú sea el campeón mundial de la informalidad que nos impide estar creciendo a tasas que eliminen la extrema pobreza. La solución es entonces integral, sistémica y no habrá solución a la informalidad si no se ataca en paralelo y de manera agresiva la burocracia en todos los sectores.

 

Quinto, la autoridad y manejo sobre el procedimiento de formalización debe nacer y ejecutarse por el Ministerio de Energía y Minas y sus direcciones respectivas. Hasta hoy la mal llamada descentralización ha sido el principal causante del fracaso de los programas de formalización minera debido a que después de anunciarse grandilocuentemente su aplicación se comprobó una vez más la total inoperancia de los Gobiernos Regionales y en general del proceso de regionalización. De la misma manera se debe ir quitando, no agregando funciones hasta su total desaparición y replanteo del proceso de regionalización con una nueva ley base de regionalización que tome en cuenta el concepto de macro región y cluster económico. De paso desaparecemos los 25 inútiles feudos existentes hoy que no fueron más que una aplicación toledista entre gallos y medianoche de una administración paralela a la antigua organización político-administrativa departamental del país que solo aporto más burocracia y corrupción como lo prueban las acusaciones a casi todos los Gobernadores que en su mayoría están en la cárcel.

 

Sexto, a través de CONCYTEC y Ministerios afines se debe fomentar con incentivos económicos concretos la tecnología aplicada a la minería. Aquellos pequeños mineros dispuestos a producir “oro verde” (gravimetría) o a aplicar la automatización en beneficio del uso de mano de obra en peligrosas labores subterráneas o la Inteligencia Artificial en la toma de decisiones más precisas derivadas del análisis predictivo, energías renovables, reutilización o desalinización de agua, blockchain para mejorar la trazabilidad del mineral garantizando trabajos responsables o contratar para prácticas temporalmente a geólogos e ingenieros por graduarse de las universidades nacionales entre otras innovaciones ya presentes y nuevas por venir deben ser beneficiarios de incentivos estatales.

 

Séptimo, la creación de un Fondo Minero administrado por privados siguiendo el modelo Noruego (Norges Bank Investment Management) o Kuwaití (Kuwait Investment Authority) que asegure el retiro del Pequeño Minero y una vejez digna, tema hoy más vigente que nunca después de la sistemática destrucción de sistema de pensiones peruano.

 

Una vez implementados estos cambios se necesitará una profunda labor de concientización y fomento económico para que amplios sectores de la pequeña minería acepten que los derechos vienen con responsabilidades y que esto es un camino de doble vía que solo podrá recorrerse una vez que se apliquen estrictos principios social y medioambientalmente compatibles con un desarrollo que elimine la amenaza criminal y de seguridad nacional.

 

Notas:

¹ Dirección General de Fomento Minero – Ministerio de Energía y Minas

² Registro de Informales

³ IGAFOM: Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización de Operaciones Mineras

⁴ Empresa Nacional de Minería de Chile: empresa estatal encargada del apoyo a la pequeña minería

⁵ Me refiero a las plantas grandes y formales organizadas en el gremio ANPLABEN (Asociación Nacional de Plantas de Beneficio del Perú) anplaben.org.pe

⁶ INGEMMET: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico.

⁷ MAPE: Minería Artesanal y de Pequeña Escala