Las autoridades de Estados Unidos desclasificaron una acusación formal que atribuye a Nicolás Maduro la dirección de un entramado estatal dedicado al narcotráfico, la corrupción y el uso de armamento de guerra, tras su captura en una operación militar ejecutada en Caracas. El documento del Departamento de Justicia describe a su gobierno como una estructura “corrupta e ilegítima” que habría facilitado durante años el envío masivo de cocaína hacia territorio estadounidense.

Según la acusación, Maduro y su entorno más cercano, incluida su esposa Cilia Flores, enfrentan cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armas. Se trata de imputaciones similares a las presentadas en 2020 en un tribunal federal de Manhattan, ahora ampliadas y reactivadas tras su detención.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que el líder chavista y su esposa deberán responder ante la justicia estadounidense con todo el peso de la ley. De acuerdo con fuentes judiciales, Maduro permanecerá detenido en una cárcel federal en Brooklyn mientras se prepara su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde los fiscales buscarán una condena formal.

El expediente sostiene que Maduro se habría aliado con organizaciones criminales consideradas entre las más violentas del continente, permitiendo que estructuras del narcotráfico operaran con protección estatal. La acusación menciona que estas redes utilizaron rutas marítimas y aéreas, incluyendo pistas clandestinas, para trasladar cocaína en grandes volúmenes, con el respaldo logístico y policial de funcionarios venezolanos.

Las autoridades estadounidenses también lo responsabilizan de haber permitido que la llamada “corrupción alimentada por la cocaína” beneficiara directamente a miembros de su régimen y a su propia familia. El documento sostiene que, hacia 2020, hasta 250 toneladas de cocaína habrían transitado anualmente por Venezuela rumbo a Estados Unidos, generando ganancias ilícitas que reforzaron el poder de estas redes criminales.

Además de los delitos vinculados al narcotráfico, la acusación incluye señalamientos por presuntos secuestros, golpizas y asesinatos ordenados contra personas que afectaban la operación criminal. En el caso de Cilia Flores, se le atribuye haber recibido sobornos para facilitar contactos entre narcotraficantes y autoridades antidrogas, reforzando, según los fiscales, un sistema de impunidad que ahora se convierte en el eje central del proceso judicial contra la cúpula del chavismo.