La investigación por presunto blanqueo de capitales que hoy sacude a la aerolínea venezolana-española Plus Ultra ha reactivado las dudas sobre el millonario rescate público de 53 millones de euros otorgado en 2021 y, sobre todo, sobre las conexiones políticas detrás de la operación.

Agentes de la UDEF detuvieron al presidente y al CEO de la compañía tras registrar la sede en Madrid, en una causa que apunta a presuntas maniobras de lavado de fondos ilícitos relacionados con altos cargos del régimen venezolano. Entre los nombres que vuelven a aparecer está el de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro y figura central del llamado “Delcygate”, cuyo entorno habría tenido vínculos con los inversionistas de la aerolínea.

El rescate de Plus Ultra —otorgado cuando la compañía apenas superaba el 0,1% del mercado aéreo en España, acumulaba juicios pendientes y arrastraba deudas con la Seguridad Social— resultó polémico desde el inicio. Más aún cuando investigaciones periodísticas, incluida una de Armando.info, identificaron detrás del accionariado a inversionistas venezolanos conectados con empresarios favorecidos durante el chavismo.

Fuentes citadas por ese medio vincularon indirectamente la operación con la propia Delcy Rodríguez y con Cilia Flores, esposa de Maduro, sugiriendo que el apoyo estatal español pudo beneficiar a estructuras económicas asociadas al círculo más cercano del régimen.

La sombra del Delcygate —la reunión en Barajas, en enero de 2020, entre Rodríguez y el entonces ministro José Luis Ábalos, pese a que la dirigente tenía prohibida la entrada al espacio Schengen— ha vuelto a tomar fuerza. Versiones posteriores, incluida la del hijo del exministro Ábalos, apuntaron a que José Luis Rodríguez Zapatero habría presionado para favorecer el rescate. Aunque el expresidente socialista lo niega, la Policía y Anticorrupción investigan si la operación pudo estar influenciada por intereses ajenos a los criterios técnicos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

La Fiscalía Anticorrupción sostiene ahora que existen indicios de que la aerolínea transfirió parte del dinero recibido hacia sociedades en el extranjero vinculadas a una presunta organización criminal que movía fondos provenientes de Venezuela. Según estas pesquisas, los recursos podrían proceder de actos de malversación cometidos por funcionarios del régimen, incluyendo beneficios ilícitos derivados de la venta de oro del Banco Central de Venezuela y de los programas alimentarios CLAP. Los investigadores describen una red transnacional que operaba en España, Francia y Suiza, especializada en introducir en Europa capitales de origen opaco procedentes de Caracas.

El caso ha escalado hasta la Audiencia Nacional, que atribuye a los implicados presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Paralelamente, el Partido Popular llevó el asunto a la Comisión Europea, argumentando que el rescate pudo vulnerar la normativa sobre ayudas de Estado y que se habría manipulado el reparto del FASEE para favorecer a Plus Ultra mientras empresas con mayor peso económico quedaron fuera. El debate sobre la transparencia también continúa: la Audiencia ha ordenado en dos ocasiones la entrega de la documentación completa del rescate, pese a la negativa de la SEPI, que alegaba confidencialidad.

La trama se encuentra ahora en manos del Tribunal Supremo, que deberá determinar si prevalece el carácter reservado del Fondo Covid o si debe aplicarse plenamente la Ley de Transparencia. Mientras tanto, los nuevos registros policiales y las detenciones han reabierto interrogantes no solo sobre la legalidad del rescate, sino también sobre si Plus Ultra pudo ser una pieza dentro de una red de financiamiento internacional del entorno de Nicolás Maduro, una línea de investigación que vuelve a situar a Delcy Rodríguez en el centro de la polémica.