El Tribunal Constitucional de Polonia declaró ilegal al Partido Comunista Polaco (KPP), poniendo fin a más de dos décadas de existencia de una organización que se presentaba como heredera del Partido Obrero Unificado Polaco, fuerza gobernante durante el régimen comunista de 1945 a 1989.

La decisión se fundamenta en el artículo 13 de la Constitución, que prohíbe a partidos cuyos programas promuevan métodos totalitarios o que se basen en ideologías como el nazismo, el fascismo o el comunismo. Para los magistrados, el KPP incumplía además el artículo 11, que exige que toda agrupación política actúe exclusivamente mediante vías democráticas.

El fallo sostiene que la organización exaltaba a líderes y regímenes responsables de la muerte de millones de polacos y que sus actividades eran incompatibles con los principios fundamentales del Estado democrático de derecho. La sentencia enfatiza que en Polonia “no puede tener cabida un partido que glorifique a criminales y regímenes totalitarios”, y que el respeto al pluralismo, la igualdad y la democracia es condición indispensable para operar legalmente en el sistema político.

La ilegalización tiene su origen en una primera solicitud presentada en 2020 por el entonces ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, quien acusó al KPP de hacer apología del totalitarismo; aquella iniciativa no prosperó. Sin embargo, la situación cambió con la llegada a la presidencia de Karol Nawrocki en agosto de este año. Respaldado por sectores conservadores del partido Ley y Justicia (PiS), el mandatario presentó una nueva solicitud formal argumentando que el KPP defendía métodos violentos para acceder al poder, lo que representaba una amenaza directa al orden democrático polaco.

Pese a su escasa influencia —el partido nunca obtuvo escaños en el Parlamento ni en el ámbito regional o municipal y contaba con unos 300 militantes—, la decisión marca un precedente histórico. Es la primera vez en más de treinta años que un tribunal polaco declara ilegal a un partido comunista contemporáneo, un escenario que ya había sido anticipado con la reforma de 2023 al artículo 256 del Código Penal, que endureció las penas por promover o difundir símbolos o ideas comunistas, con sanciones de hasta tres años de prisión.

La resolución también ha generado críticas. Diversos sectores consideran que equiparar comunismo con nazismo o fascismo resulta históricamente impreciso y puede limitar de manera injustificada las libertades democráticas. Sus detractores sostienen que prohibir un partido por su orientación ideológica abre la puerta a que en el futuro se restrinja la existencia de otras organizaciones políticas, debilitando el pluralismo y empujando a ciertos movimientos hacia la clandestinidad. Advierten, además, que decisiones de este tipo pueden deslegitimar espacios de debate sobre modelos económicos alternativos.

Para quienes se oponen a la medida, la sentencia constituye una “cacería anticomunista” que afecta la libertad de expresión y la libertad de asociación. Señalan que el comunismo, como ideología, no se reduce necesariamente al totalitarismo y que la prohibición preventiva de corrientes políticas puede generar distorsiones históricas y erosionar la calidad del sistema democrático polaco.