El reconocido abogado penalista César Nakazaki se pronunció enérgicamente sobre el uso extendido de la prisión preventiva en el sistema judicial peruano, calificando la medida de 36 meses como “absolutamente inconstitucional”. Según Nakazaki, la prisión preventiva debería aplicarse únicamente cuando el fiscal ya cuenta con pruebas suficientes para acusar formalmente al investigado y llevarlo a juicio oral.

En una reciente declaración, Nakazaki subrayó que en un verdadero Estado de Derecho, la prisión preventiva no debería ser empleada como una herramienta para continuar con investigaciones prolongadas. “Cuando se dicta una prisión preventiva, eso debería significar que el fiscal ya tiene la prueba suficiente para acusar y lograr que el acusado sea llevado a juicio oral”, indicó el abogado.

Esta afirmación resalta una crítica recurrente al uso extendido de esta medida cautelar, la cual en muchos casos se ha convertido en una especie de condena anticipada.

El abogado sostiene que la duración de hasta 36 meses en prisión preventiva, utilizada frecuentemente en casos complejos de corrupción o crimen organizado, es inconstitucional y va en contra de los principios fundamentales de un proceso penal justo. Para Nakazaki, esta práctica vulnera los derechos fundamentales del acusado, ya que implica que una persona puede permanecer privada de su libertad por un período prolongado sin haber sido hallada culpable de ningún delito.

“La prisión preventiva no puede ser usada como una excusa para investigar. Si se extiende por más de un año, es señal de que el fiscal no cuenta con pruebas suficientes y está violando el derecho de la persona a ser juzgada en un plazo razonable”, agregó el jurista.

Nakazaki es una de las voces más influyentes en la defensa de los derechos procesales y ha representado a importantes figuras públicas en casos de alto perfil. Su declaración llega en un momento en el que el debate sobre la prisión preventiva en el Perú ha cobrado fuerza, con diversos sectores cuestionando la prolongación de esta medida en situaciones donde la fiscalía aún no ha formalizado su acusación.

En este contexto, el llamado del abogado refuerza la necesidad de revisar el uso de la prisión preventiva en el país, para garantizar que se respeten los derechos constitucionales de los investigados y se preserve el principio de presunción de inocencia.