La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó un fallo que obliga a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a entregar a Fuerza Popular las listas de electores por mesa de sufragio utilizadas en la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021. La decisión ratifica lo resuelto en primera instancia por el Cuarto Juzgado Constitucional Transitorio y se enmarca en una demanda de habeas data presentada por el partido fujimorista.

El mandato judicial dispone la entrega de dicha documentación al considerar que se trata de información pública, cuya negativa de acceso se prolongó por varios años. Con ello, el tribunal desestimó los argumentos de la ONPE para no transparentar estos registros, lo que representa un nuevo revés para la gestión de su jefe institucional, Piero Corvetto.

La resolución abre la posibilidad de cotejar documentos electorales con el fin de verificar eventuales irregularidades en mesas de sufragio. Fuerza Popular sostiene que el acceso a las listas de electores permitirá contrastar firmas y datos para sustentar impugnaciones relacionadas con presuntas falsificaciones, suplantación de identidad y adulteración de votos durante el balotaje que enfrentó a Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

El fallo recuerda que el derecho de acceso a la información pública está reconocido en el artículo 2, inciso 5, de la Constitución Política, y que la organización solicitante pidió copias certificadas y soporte digital para utilizarlas como prueba ante los Jurados Electorales Especiales y el Jurado Nacional de Elecciones. En ese contexto, el tribunal concluyó que no se acreditaron razones suficientes para restringir la entrega de la información requerida.

Durante el proceso, tanto la ONPE como el Jurado Nacional de Elecciones rechazaron el pedido de Fuerza Popular, lo que alimentó cuestionamientos sobre la transparencia de las autoridades electorales. La negativa, según el fallo, no se condice con el carácter público de los documentos solicitados ni con la finalidad de control y fiscalización invocada por la parte demandante.

Con esta decisión, la justicia constitucional establece un precedente relevante sobre el acceso a información electoral y la posibilidad de revisión documental de los comicios de 2021. La entrega de los padrones por mesa permitirá, en adelante, un análisis técnico de los registros, en un debate que vuelve a poner en el centro la legitimidad del proceso que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia.