La Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por la defensa del expresidente Martín Vizcarra, con el que buscaba anular el juicio oral por presunto cobro de sobornos en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Durante una breve audiencia, la Sala Penal Permanente, presidida por el juez César San Martín, declaró infundado el pedido y confirmó que el proceso continuará sin modificaciones. Con esta decisión, se mantiene el cronograma y el juicio seguirá avanzando hacia una posible sentencia en las próximas semanas.

Vizcarra enfrenta un proceso por presunto cohecho pasivo propio. Según la acusación fiscal, cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua habría recibido sobornos de empresas constructoras para favorecerlas en licitaciones públicas. El Ministerio Público sostiene que el expresidente habría entregado información privilegiada a la compañía Obrainsa en el proyecto Lomas de Ilo, a cambio de un pago ilícito de un millón de soles. De manera similar, se le atribuye haber condicionado la firma del contrato del Hospital de Moquegua a otro pago ilegal de 1,3 millones de soles por parte de la empresa ICCGSA.

La casación presentada por su defensa alegaba vulneración del debido proceso y una supuesta doble persecución penal. La abogada de Vizcarra argumentó que, al reconducir la acusación de colusión agravada a colusión simple y continuar el control del cargo por cohecho sin esperar las decisiones fiscales finales, se habría generado una situación que permitía juzgar al exmandatario dos veces por los mismos hechos. Sin embargo, la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato solicitó que el recurso fuese rechazado por carecer de sustento jurídico, señalando que solo buscaba dilatar el proceso.

El Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez, solicita una pena de 15 años de prisión para el expresidente. La acusación sostiene que los pagos ilícitos habrían ocurrido entre 2013 y 2016, cuando Vizcarra lideraba las obras mencionadas. Como parte del juicio, el fiscal ha detallado que los sobornos estarían vinculados directamente a decisiones administrativas adoptadas por el entonces gobernador para favorecer a las empresas constructoras.

Mientras continúa el proceso judicial, Vizcarra aparece nuevamente en la escena política al ser incluido por el partido Perú Primero como precandidato a la vicepresidencia, pese a las inhabilitaciones vigentes para ejercer cargos públicos. Esto ha generado controversia, con especialistas que advierten que podría tratarse de una maniobra política que desafía los límites de la normativa electoral, al mismo tiempo que su situación legal avanza hacia una decisión definitiva en los tribunales.