Diversas figuras públicas han expresado su rechazo a la reciente sentencia del Poder Judicial contra el general del Ejército Peruano en retiro, Juan Rivero Lazo, de 83 años, quien recibió una condena de 20 años de prisión junto a otros militares.

La polémica se ha intensificado por las declaraciones de críticos que acusan a los magistrados de actuar con parcialidad.

El periodista Hugo Guerra calificó la sentencia como “ilegal” y señaló que los jueces que participaron en el fallo, encabezados por la magistrada Miluska Cano, estarían buscando beneficios personales.

“Otra vez jueces politizados y prevaricadores sentenciaron ilegalmente al general EP (r) Juan Rivero Lazo, a 20 años de prisión, junto con otros militares. La juez Miluska Cano quiere ganar la aprobación de la mafia caviar para ascender. Esta persecución debe terminar”, escribió Guerra en sus redes sociales.

Por su parte, Óscar López Meneses arremetió contra fiscales y jueces, a quienes acusó de abusar de su autoridad bajo el pretexto del control difuso.

“¿Hasta cuándo los políticos van a permitir que fiscales y jueces prevaricadores sigan haciendo lo que les da la gana? Doble de pena y cárcel efectiva para los magistrados que no cumplan las leyes amparándose en el prostituido control difuso”, manifestó López Meneses.

El general Rivero Lazo y los demás militares condenados enfrentaron cargos relacionados con violaciones de derechos humanos durante su servicio. Sin embargo, la defensa y sus simpatizantes han argumentado que las acusaciones carecen de fundamento y que las decisiones judiciales responden a presiones políticas e ideológicas.

El fallo ha provocado un debate polarizado entre quienes defienden la independencia del Poder Judicial y quienes denuncian una persecución política contra exmilitares. Por el momento, no se han emitido declaraciones oficiales de los magistrados aludidos ni del Poder Judicial respecto a las acusaciones de prevaricación.

Mientras tanto, sectores afines a las Fuerzas Armadas y sus veteranos han solicitado a los legisladores revisar el caso y garantizar que los procesos judiciales se ajusten a las leyes y principios de justicia imparcial.