Judiciales

Detienen en allanamiento al presidente de la FPF, Agustín Lozano

Publicado el 07 de noviembre de 2024

En la madrugada de este jueves, Agustín Lozano Saavedra, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue detenido por la Policía Nacional en un operativo de la Fiscalía contra la presunta organización criminal 'Los Galácticos'.

 

La orden judicial dispone una detención preliminar de 15 días para Lozano y otros siete implicados, entre los cuales se encuentran Joel Raffo, presidente del club Sporting Cristal, y Karen Mandriotti, presidenta de Academia Cantolao.

 

El operativo, que comenzó a las 2:00 a.m., incluyó el allanamiento de la vivienda de Lozano en San Borja y las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (Videna) en San Luis. La Fiscalía ordenó la intervención de 12 inmuebles en diversas regiones del país, como Lima, Tumbes, Piura y Huánuco. Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, informó que el operativo se basa en el riesgo de obstaculización de la justicia o posible fuga.

 

Además de Lozano, la Fiscalía detuvo a Sabrina Martin Zamalloa, secretaria de la FPF; Jean Marceal, exsecretario de la FPF; Humberto Miñán Almanza, presidente de la Liga de Tumbes; Norma Alva, operadora de venta de entradas; y Fredy Salazar Rondinel, contador de la FPF. Lozano fue trasladado alrededor de las 6:00 a.m. a Medicina Legal y luego a la Prefectura de Lima.

 

Lozano declaró brevemente a la prensa a su salida, afirmando que espera "que todo se aclare" y "se haga justicia", pidiendo tranquilidad para su familia. Según la Fiscalía, las acusaciones contra Lozano incluyen presuntos delitos de fraude en la administración, corrupción y lavado de activos, relacionados con el supuesto uso indebido de los recursos de la FPF y favores económicos a clubes de fútbol, así como reventa de entradas al Mundial de Qatar 2022.

 

La Fiscalía también señala que Lozano habría omitido sanciones a clubes de las ligas nacionales, favoreciendo sus propios intereses. El operativo enfrenta dificultades en varios registros debido a la falta de abogados de defensa pública, requeridos por la nueva normativa de crimen organizado.

 

 

 

Fuente: CanalB

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