El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, quien es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico, en el marco de un caso vinculado al exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’.

La Corte Suprema declaró fundado el requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, revocando así el mandato de comparecencia impuesto en octubre por el juez Juan Carlos Checkley. La decisión se tomó con el voto dirimente de un magistrado, alcanzando los cuatro votos requeridos para una resolución por mayoría.

Según la disposición judicial, la prisión preventiva es necesaria para garantizar el desarrollo de la investigación preparatoria y evitar el riesgo de fuga o interferencia por parte de la investigada.

Elizabeth Peralta enfrenta serias acusaciones que la vinculan con presuntas irregularidades relacionadas con Andrés Hurtado. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para implicar a la suspendida fiscal en actos de tráfico de influencias, además de recibir beneficios a cambio de decisiones en su función pública.

El abogado de Peralta, Benji Espinoza, ha anunciado que su defendida no se entregará a la justicia, afirmando que existen vicios procesales en la decisión judicial.

Este caso ha generado polémica debido a su relación con figuras mediáticas y a las implicancias que tiene en la lucha contra la corrupción en el sistema judicial peruano. Mientras tanto, la Segunda Fiscalía Suprema continuará con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.