El empresario de nacionalidad china Zhihua Yang informó a la Comisión de Fiscalización del Congreso que no asistirá a la sesión para la que había sido citado y solicitó que su presentación sea reprogramada hasta que concluya la investigación penal que afronta en el Ministerio Público. El pedido fue formalizado mediante una carta dirigida al presidente de dicho grupo de trabajo, Elvis Vergara Mendoza.

En el documento, Yang señala que actualmente tiene la condición de investigado en una carpeta fiscal en trámite ante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Según precisa, dicha investigación aborda los mismos hechos que son materia de indagación por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El empresario argumenta que concurrir a una sesión parlamentaria de carácter público y responder preguntas podría comprometer gravemente su derecho de defensa y el principio de no autoincriminación. Para sustentar su posición, invoca disposiciones de la Constitución Política del Perú y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen estas garantías fundamentales.

Asimismo, advierte que la existencia de investigaciones paralelas genera el riesgo de que cualquier manifestación realizada en sede congresal pueda ser utilizada directa o indirectamente dentro del proceso penal en curso, afectando el debido proceso. En ese sentido, sostiene que la prudencia exige evitar una exposición pública mientras no se resuelva la investigación fiscal.

En su comunicación, Yang también hace énfasis en su condición de ciudadano extranjero, señalando que corresponde observar con especial cautela los estándares internacionales de protección del derecho de defensa y del principio de legalidad. Por ello, considera que su solicitud se ajusta a criterios jurídicos razonables y no implica una negativa definitiva a colaborar.

Finalmente, el empresario solicita expresamente que la citación sea reprogramada una vez que concluya la investigación penal en trámite y adjunta como sustento una disposición fiscal que da cuenta de la apertura de diligencias preliminares. La Comisión de Fiscalización deberá evaluar ahora el pedido y definir si accede a la reprogramación solicitada.