El abogado constitucionalista Ernesto Álvarez señaló que la anulación del juicio por el caso Cócteles contra Keiko Fujimori y otros investigados se debió a que la acusación no cumplía con las condiciones establecidas en el Código Procesal Civil.

Según Álvarez, los aportes de campaña electoral recibidos por Fuerza Popular en 2006 y en los periodos siguientes no constituían un delito, ya que provenían de actividades lícitas y se realizaron de manera habitual dentro de las empresas que los otorgaron.

Álvarez afirmó que el caso fue impulsado por razones políticas con el fin de vincular a Fujimori con un presunto lavado de activos, a pesar de que no existían fundamentos para ello. “Trataron de forzar el delito y por eso es que no encontraron los fundamentos necesarios para formular la acusación”, sostuvo, calificando como irresponsable al juez que permitió la continuidad del proceso.

El constitucionalista también señaló que la intención detrás de la investigación fue perjudicar la imagen de Fujimori en los procesos electorales, presentándola como una delincuente, mientras que se desviaba la atención de otros actores políticos vinculados a escándalos de corrupción, como el caso Odebrecht.

En ese sentido, Álvarez aseguró que los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela fueron utilizados políticamente contra Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular. “El derecho ha sido utilizado para conquistar el poder y para mantenerlo, y los fiscales han sido una pieza más de una trama política e ideológica”, afirmó.

Finalmente, el abogado recomendó a Fujimori tomar acciones legales contra los fiscales y el juez que admitió la acusación, además de asumir una postura más ofensiva en el ámbito político para limpiar su nombre. Asimismo, criticó duramente a Vela y Pérez, señalando que carecen de prestigio en el campo del derecho penal y que fueron seleccionados entre “las personas más mediocres del Ministerio Público”.