El Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia penal contra los jueces Oswaldo Ordóñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzales y Bacilio Cueva Chauca, acusándolos de desacato y desobediencia a la autoridad por supuestamente desconocer una resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC).

Según el organismo electoral, los magistrados habrían negado vigencia a un mandato del máximo intérprete de la Constitución, lo que podría derivar en sanciones penales.

El conflicto se originó cuando los magistrados de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima cuestionaron una medida cautelar emitida por el TC. Dicha medida establecía que el Poder Judicial no puede modificar ni interferir en el cronograma electoral elaborado por el JNE para las Elecciones Generales de 2026. Sin embargo, los jueces habrían sostenido públicamente que sí tienen facultad para hacerlo, contrariando lo dispuesto por el Tribunal Constitucional.

El caso incluye como antecedente la actuación del juez John Paredes, quien ordenó incorporar al cronograma electoral al partido político de Duberlí Rodríguez, expresidente de la Corte Suprema vinculado al caso “Cuellos blancos”. Esta decisión provocó que el JNE presentara una demanda de competencia para definir si el Poder Judicial tiene atribuciones sobre la organización del proceso electoral y la validez de actos vinculados a su desarrollo.

La denuncia fue formalizada por el procurador del JNE, Ronald Angulo Zavaleta, ante la Fiscalía de la Nación. El escrito sostiene que los jueces denunciados actuaron pese a tener conocimiento expreso de que el TC había ordenado suspender cualquier resolución que pudiera afectar el calendario electoral. Para el organismo electoral, este comportamiento constituye desacato deliberado a una autoridad superior.

El documento de la denuncia señala que los jueces insistieron en emitir y ejecutar resoluciones que, según el mandato del TC, carecían de efectos legales mientras se estudia el fondo de la controversia. Por ello, el JNE solicita al Ministerio Público iniciar las acciones penales correspondientes con el objetivo de determinar responsabilidades y evitar que se altere el proceso electoral en curso.