El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que presentó una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el juez Richard Concepción Carhuancho, a quien acusa de prevaricato y de desconocer la normativa vigente sobre lesa humanidad.

Según indicó, el magistrado habría desatendido la Ley 32107, aprobada por el Parlamento y promulgada por el Ejecutivo, que establece que delitos de este tipo cometidos en los años ochenta y noventa están sujetos a prescripción.

El parlamentario fujimorista cuestionó que el magistrado pretenda procesar a un policía por hechos ocurridos en 1984, hace más de cuatro décadas, lo que calificó como una persecución contra las Fuerzas Armadas y la Policía que participaron en la lucha contra el terrorismo. Rospigliosi sostuvo que Concepción Carhuancho carece de competencia para aplicar control difuso al ser juez de primera instancia y que con sus resoluciones vulnera la división de poderes.

“Basta de persecución a los policías y militares que derrotaron al terrorismo. Se necesita sanción a magistrados politizados y prevaricadores”, manifestó el legislador a través de un pronunciamiento público, en el que recalcó que tampoco se está aplicando la ley de amnistía vigente. Para él, la actuación del juez no solo contradice el marco legal, sino que además obedece a motivaciones políticas.

La denuncia de Rospigliosi abre un nuevo frente de fricción entre el Congreso y el Poder Judicial, pues la JNJ deberá evaluar si inicia un proceso disciplinario contra Concepción Carhuancho. El desenlace podría tener impacto directo en el futuro de procesos judiciales que involucran a agentes del Estado por hechos ocurridos durante el conflicto interno.