El fiscal de la Nación ha revelado que existen suficientes indicios para afirmar que la presidenta Dina Boluarte recibió relojes y joyas a cambio de favorecer al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Este hecho forma parte del denominado "Caso Rolex", en el cual la mandataria enfrenta una acusación de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.

Juan Carlos Villena, fiscal encargado del caso, confirmó la existencia de pruebas preliminares en una reciente entrevista. Según el fiscal, las investigaciones han concluido que Boluarte aceptó estos lujosos regalos con el fin de otorgar privilegios a Oscorima, desviando presupuesto público a su favor.

"Con respecto a los Rolex, la conclusión ha sido la misma: han encontrado indicios de responsabilidad penal", declaró Villena. La denuncia constitucional presentada ante el Congreso detalla estos hallazgos, señalando que la presidenta utilizó su posición para beneficiar al gobernador ayacuchano a cambio de las mencionadas dádivas.

A pesar de las graves acusaciones, la Constitución peruana establece que un alto funcionario, como el presidente, no puede ser procesado penalmente a menos que el Congreso lo habilite. Para que Boluarte enfrente un juicio, es necesario que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el Pleno del Congreso den luz verde al proceso.

Una vez que el Congreso emita una resolución acusatoria, el caso será remitido al Ministerio Público, donde la Fiscalía de la Nación formalizará la investigación preparatoria. Posteriormente, el expediente será trasladado a un fiscal supremo, encargado de continuar con el proceso.

Este caso podría marcar un punto de inflexión en la gestión de Boluarte, quien enfrenta no solo un reto político, sino también la posibilidad de un proceso penal que podría poner en riesgo su permanencia en el cargo.