La Fiscalía de la Nación decidió archivar la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por presunta comisión del delito de genocidio relacionado con las muertes durante las protestas sociales de 2022 y 2023.

La decisión se basa en que la acusación de genocidio, presentada por la exfiscal Patricia Benavides, fue incorrectamente planteada.

Joseph Campos, abogado de Boluarte, confirmó que la Fiscalía continuará investigando otros delitos asociados, como lesiones y homicidio, pero desestimó el cargo de genocidio. Campos explicó que el rechazo a la acusación de genocidio se debe a errores en la formulación de la denuncia por parte de Benavides, lo que impidió que el caso prosperara bajo esta figura legal.

El archivo de la investigación por genocidio no cierra la posibilidad de que Boluarte enfrente cargos por otros delitos relacionados con las protestas, que resultaron en diversas víctimas. La decisión marca un avance significativo en el proceso legal en torno a la mandataria, pero también resalta las complejidades y desafíos en la búsqueda de justicia en casos de alto perfil.