La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el ex primer ministro Alberto Otárola, acusado de presunto delito de colusión en la contratación de su amiga, Rosa Pierina Rivera Bermeo, en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Ministerio Público informó que la denuncia fue interpuesta por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, y está relacionada con la contratación de Rivera Bermeo durante la gestión de Otárola como presidente del Consejo de Ministros.

?#Comunicado | Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional ante el Congreso de la República en contra de Luis Alberto Otárola Peñaranda, en su condición de presidente del Consejo de Ministros. pic.twitter.com/N47hAoVDVO

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 26, 2024

Según la tesis fiscal, la contratación de Rivera Bermeo se habría realizado mediante dos órdenes de servicio para ocupar cargos temporales en la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General de Devida. Ambas órdenes fueron emitidas en marzo de 2023, tras una reunión entre Otárola y Rivera, y sumaron un total de 54 mil soles.

La polémica surgió a mediados de 2023, cuando una investigación periodística reveló que Rivera Bermeo visitó a Otárola el 2 de marzo, y, poco después, obtuvo dos contratos en Devida por un monto individual de 27 mil soles. Los servicios contratados consistían en la "coordinación y articulación de actividades interinstitucionales".

Si bien Rivera admitió haber visitado a Otárola, aseguró que la reunión fue solo para felicitarlo por su puesto en el gobierno de Dina Boluarte. Además, afirmó que solo obtuvo una orden de servicio, que concluyó en abril del mismo año. Sin embargo, investigaciones posteriores indicaron que continuó visitando a Otárola, esta vez en calidad de representante de la Municipalidad de Piura.

La denuncia constitucional contra Alberto Otárola plantea la posibilidad de un proceso en el Congreso, que deberá evaluar las pruebas y determinar si procede el juicio. La Fiscalía sostiene que el caso constituye un claro ejemplo de colusión simple y agravada, lo que afectaría la transparencia en las contrataciones estatales.