La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra once congresistas por su presunta participación en la aprobación de una ley que permitió que exmilitares y expolicías, actualmente en funciones parlamentarias, puedan recibir simultáneamente su sueldo como legisladores y su pensión de jubilación, sin limitaciones.

La acusación se centra en el delito de negociación incompatible, argumentando que los implicados habrían actuado en beneficio propio, en perjuicio del Estado.

La denuncia, interpuesta ante el Congreso de la República, incluye a José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela, quienes integraron la Comisión de Defensa Nacional en el período 2021-2022.

El caso se centra en el Proyecto de Ley N.° 319/2021-CR, cuyo dictamen fue modificado para permitir que pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan percibir simultáneamente ingresos del Estado como legisladores, sin restricciones en el monto total. Entre los principales beneficiarios de la normativa se encuentran los congresistas Williams, Montoya, Chiabra, Cueto y Azurín, todos ellos retirados de instituciones castrenses o policiales.

La Fiscalía señala que los legisladores involucrados utilizaron su posición para promover la norma y asegura que esta conducta representa un conflicto de interés y un agravio económico al Estado peruano, además de encuadrar en el delito de negociación incompatible, que sanciona a los funcionarios públicos que se interesan indebidamente en asuntos donde tienen un beneficio personal directo.

La medida ha suscitado críticas por parte de diversos sectores, que cuestionan el impacto económico y ético de permitir un doble ingreso financiado por fondos públicos. Según la denuncia, esta práctica no solo contraviene los principios de probidad, sino que también genera un gasto adicional para el erario nacional, al beneficiar exclusivamente a un grupo limitado de legisladores con privilegios económicos.