La Fiscalía de la Nación formalizó una investigación contra el fiscal José Domingo Pérez por el presunto delito de peculado de uso. La denuncia, presentada en junio de 2024, lo acusa de utilizar recursos e instalaciones del Ministerio Público para su defensa en una audiencia judicial.

Según el denunciante Luis Miguel Caya Salazar, el 29 de mayo de 2024, Pérez habría empleado su despacho, equipos electrónicos y mobiliario estatal para exponer sus alegatos en una audiencia de tutela de derechos. En noviembre del mismo año, la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos remitió el caso a la fiscal Elizabeth Marticorena Patiño, quien citó a Pérez a declarar el pasado 14 de febrero.

Además de este proceso, el fiscal del caso Lava Jato también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. En diciembre de 2024, la fiscal de la Nación inició un proceso por la compra de una camioneta Volvo valorizada en 46,000 dólares. Aunque la Fiscalía señala que parte del pago provino de la venta de otros vehículos y ahorros compartidos con su esposa, aún no se ha justificado el origen de 13,500 dólares, lo que ha motivado una pericia complementaria.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por César San Martín, rechazó un recurso de José Domingo Pérez con el que buscaba detener la investigación por enriquecimiento ilícito, argumentando una posible doble persecución penal. No obstante, el tribunal determinó que la reapertura del caso es válida, dado que han surgido nuevos elementos de convicción.

El Ministerio Público deberá evaluar si existen pruebas suficientes para formalizar una acusación. Pérez, por su parte, sostiene que se trata de una campaña de hostigamiento en su contra debido a su labor en el caso Lava Jato.